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Con el rescoldo aún caliente tras la petición de dimisión que el grupo minoritario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó el pasado lunes al presidente, Francisco Hernando, por sus declaraciones sobre el Estatuto catalán y la reforma de la LOPJ, se celebró ayer un Pleno que, en principio, no debía traer problemas. Y así fue, tranquilo en general, aunque según algunos vocales la tensión se percibía en el ambiente.
Durante la reunión, y entre otros asuntos, se debatió el informe sobre la reforma de la Ley Penal del Menor aprobado el pasado jueves por la Comisión de Estudios. El dictamen -del que fue ponente Adolfo Prego, ausente ayer del Pleno por encontrarse de viaje- avala el endurecimiento de las medidas de internamiento pues suponen, señala textualmente, “una adecuación de la respuesta jurídica a la delincuencia de menores en sintonía con las demandas sociales” y al mismo tiempo respeta “los principios básicos” de la jurisdicción de menores, orientada más a la educación que a la sanción.
El informe se aprobó con el apoyo de 12 vocales, pero provocó una división de la minoría progresista, ya que dos de sus miembros -Luis Aguiar y Ángeles García- unieron sus votos con los de la mayoría conservadora a favor del dictamen; otros dos -Javier Martínez Lázaro y Juan Carlos Campo- se abstuvieron; y los cuatro restantes -Fernando Salinas, Montserrat Comas, Alfons López-Tena y Félix Pantoja- votaron en contra y emitieron un voto particular en el que explican por qué discrepan de la interpretación de la reforma que hace Prego en su texto.
El voto particular detecta en el anteproyecto aspectos que no se recogen en el informe aprobado por el Pleno pese a que, en opinión de los cuatro firmantes, “desnaturalizan definitivamente” la ley del menor. El aumento de las medidas punitivas y la previsión del ingreso en prisión del menor si al cumplir 21 años sigue internado en un centro especial son dos de las modificaciones que “privan de sentido los proyectos educativos”. Habrá jóvenes que acabarán “necesariamente en un centro penitenciario ordinario” y eso va “en detrimento” del objetivo de reinserción.
Los vocales discrepantes tampoco están de acuerdo con la posibilidad de que la acusación particular -que representa a la víctima- permanezca durante todo el proceso ya que “mal se concilia el elemento vindicativo, legítimo sin duda, del perjudicado, con el interés del menor proclamado en la ley”. Por ello, piden al Gobierno que reconsidere este punto de la reforma.
Desmentido de cifras
La crítica alcanza también la exposición de motivos del anteproyecto de ley -al que tampoco se refiere el informe aprobado ayer por el Pleno-, en la que el Ejecutivo fundamenta el endurecimiento de las medidas contra los menores en el aumento de este tipo de delincuencia. “El Consejo tiene datos que desmienten esa afirmación”, advierte el voto particular, que incluye cuadros estadísticos elaborados por servicios del propio CGPJ y por un catedrático de Málaga en los que se aprecia que en 2004 el número de asuntos referidos a delitos cometidos por menores fue inferior al de 2001, 2002 y 2003; lo mismo ocurre con las detenciones, en descenso desde 2002. “Todos estos datos muestran que, al menos, falta rigor en la exposición de motivos” del anteproyecto.
El polémico informe sobre el Estatuto catalán -que se debatirá en el Pleno del próximo 15 de diciembre- fue objeto de comentario por varios vocales de la minoría, quienes consideraron “sorprendente” y una “desconsideración” que no se incluyera en el orden del día de la reunión de ayer cuando sí se debatió el dictamen sobre la ley del menor pese a la ausencia de su ponente.
