§1012651
Las ciudades pioneras en poner en marcha este proyecto son Zaragoza, con 50 órganos judiciales; Palma de Mallorca, con 58; Burgos, con 20; Logroño, con 17. Santander, con 17, Ciudad Real, con 15; Extremadura, con 14; Áviles (Asturias), con 11; Murcia, con 12, Ceuta, con 9 y Melilla con 11. A través de esta experiencia-piloto, el Ministerio podrá comprobar si hay que introducir elementos correctores para lograr la optimización en la Administración de la Justicia.
Esta reforma girará fundamentalmente sobre la implantación de servicios comunes procesales, con especial protagonismo del servicio común de ordenación del procedimiento, unidad de la nueva oficina judicial, que se ocupará de tramitar los pleitos.
Las unidades procesales de apoyo directo, que son actualmente los órganos jurisdiccionales, servirán e impulsarán las resoluciones que se dicten por los jueces y magistrados.
La implantación de la nueva Oficina Judicial supondrá un cambio en el procedimiento tradicional de trabajo en la Administración de Justicia, introduciendo una distribución más racional de las funciones de todos los agentes, que permitirá al ciudadano acceder de forma más sencilla y rápida a este servicio. Fundamentalmente, girará en torno a la reestructuración de los medios que rodean al juez (personales, materiales y tecnológicos) con el fin de agilizar y modernizar la Justicia.
En esta estructura modernizada habrá una figura clave, la del Secretario Judicial, que pasa a tener más protagonismo y competencias. De esta forma, se pretende descargar a los jueces del trabajo de impulsar el procedimiento y facilitarles que se dediquen a su tarea esencial de enjuiciar y poner sentencias, así como hacer ejecutarlas.
Se incrementará el desarrollo de la puesta en funcionamiento del programa informático “Lexnet”, que permitirá la presentación de escritos en los tribunales por medios telemáticos, así como el envío de documentos por el mismo sistema. Se promoverán, así mismo nuevas aplicaciones, como el modulo de intercambio genérico (MIG), que permitan la comunicación telemática entre las diferentes unidades de la oficina judicial y además, el proyecto “Inforeg” será una herramienta fundamental para realizar anotaciones e inscripciones informatizadas en el Registro Civil.
El Plan de Implantación de la nueva Oficina Judicial ha supuesto la reforma de 21 leyes y costes superiores a 100 millones de euros y se desarrollará, a partir de 2006, en todas aquellas Comunidades, cuya organización judicial permanece bajo competencia estatal. Las CCAA con las competencias transferidas deberán desarrollar su propio plan de implantación.
