El Plan consiste en la creación de una red de Unidades de atención a las víctimas, que dependerá de los Institutos de Medicina Legal de las Comunidades Autónomas del territorio del Ministerio de Justicia: Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Navarra, Aragón, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla.
Un total de doce equipos multidisciplinares, compuestos por psicólogos y asistentes sociales, junto a los médicos forenses, que ya operan en los Institutos de Medicina Legal, compondrán estas nuevas Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. El objetivo es dar una respuesta específica y especializada, y coordinada entre los diferentes profesionales, que permita un diagnóstico de la violencia de género más allá de la simple búsqueda de signo de agresión concreta.
El Plan se pondrá en funcionamiento en Baleares y Murcia el próximo 29 de junio para dar servicio a los juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer de Palma de Mallorca y Murcia, y será introducido progresivamente en las demás Comunidades Autónomas a lo largo del segundo semestre de 2005. Así, la puesta en funcionamiento de estas Unidades está en consonancia con el calendario establecido por el Ministerio de Justicia para la implantación de los Juzgados de violencia sobre la mujer.
Protocolo de Tratamiento y Actuación Forense Integral
Este nuevo Plan irá acompañado del denominado Protocolo de Tratamiento y Actuación Forense Integral, una herramienta de interconexión informatizada a través de la cual las nuevas Unidades podrán ofrecer un estudio técnico, riguroso y garantista, que contemple la situación integral de las víctimas.
El Protocolo permite, además, un seguimiento estadístico del tipo de intervenciones realizadas por las Unidades de Valoración Integral para observar ciertos estereotipos, como las lesiones más frecuentes, el tipo de comportamientos de agresión, la tipología de las víctimas o las características del clima doméstico violento, entre otros factores que permitan abordar las políticas públicas adecuadas en la lucha contra este tipo de violencia criminal.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica Integral de medidas contra la Violencia de Género exigía adaptar la respuesta de los Institutos de Medicina Legal a la nueva situación social y jurídica, tanto en lo que respecta a la organización de medios humanos y materiales como a los instrumentos mediante los cuales van a llevar a cabo su actuación.
