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  • EDICIÓN DE 12/05/2005
 
 

NOMBRADOS SEIS NUEVOS VOCALES DE LA COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN

12/05/2005
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El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha nombrado a seis prestigiosos penalistas como nuevos Vocales permanentes de la Comisión General de Codificación. Se trata del máximo órgano consultivo del Ministerio de Justicia, y está integrada por juristas independientes que asesoran al Ministerio. Su principal función será asesorar en la revisión del Código Penal de 1995, comprometido por el Ministerio de Justicia ante el Parlamento.

Los seis nuevos Vocales expertos en Derecho Penal son:

José Jiménez Villarejo, ex-presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Luis Arroyo Zapatero, catedrático de Derecho Penal y ex-rector de la Universidad de Castilla-La Mancha; Juan Carlos Carbonell Mateu, catedrático de Derecho Penal; José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal; Francisco Muñoz Conde, catedrático de Derecho Penal; Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal.

Estos seis penalistas se suman, así, a otros nueve juristas de diversas áreas anteriormente designados por el ministro para formar parte de la Comisión General de Codificación, el máximo órgano consultivo del Ministerio de Justicia. Para ser nombrado Vocal permanente de la Comisión General de Codificación es necesario ser un jurista de reconocido prestigio con, al menos, quince años de ejercicio profesional o dedicación científica al Derecho.

Esta veterana institución fue creada en 1843 y se ha mantenido siempre como un centro de referencia en la elaboración de proyectos legislativos de gran alcance y técnicamente complejos. Fue la redactora, por ejemplo, del vigente Código Civil. En la etapa actual se pretende dar un nuevo impulso al papel de la Comisión, potenciando su labor.

Entre sus aportaciones más recientes destacan: el proyecto de la Ley Concursal, que fue aprobada por el Parlamento en el año 2003; el anteproyecto de la futura Ley General de la Navegación Marítima, recientemente presentado por el ministro de Justicia; el anteproyecto, casi ultimado, de la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria, y, en el caso de la sección penalista, la revisión del Código Penal de 1995.

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