Con este Proyecto de Ley se completa un sistema de evaluación ambiental que había comenzado en España en 1988, mediante la aplicación de un Real Decreto Legislativo de 1986 de evaluación ambiental a proyectos. La aplicación de esta nueva norma supone establecer un sistema de evaluación que abarca a todas las fases del proceso, desde los niveles estratégicos de la planificación, hasta las actuaciones concretas.
Integración de aspectos ambientales
El sistema de evaluación que se diseña en el Proyecto de Ley se fundamenta en la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas, la incorporación de la participación pública e institucional, la transparencia en las decisiones, y el concierto y acuerdo entre Administraciones que ostentan competencias complementarias en lo ambiental, en lo sectorial y en lo territorial.
Es un instrumento de prevención, cautela e integración, que responde a las exigencias establecidas por la normativa comunitaria. Como medida de prevención y cautela, requiere conocer los impactos significativos previsibles para tenerlos en cuenta en la planificación, y evitar el daño. Mediante la integración de los aspectos ambientales en el proceso de planificación se consigue un modelo más realista, seguro y estable.
Es además, un instrumento que organiza el equilibrio entre los distintos actores (órgano promotor, órgano ambiental, Administraciones públicas afectadas, público interesado y afectado, incluidas las ONG) y los distintos elementos de la planificación: la demanda y necesidad social, lo territorial y la infraestructura. El planificador y el órgano ambiental (Ministerio de Medio Ambiente en la Administración General del Estado) van conduciendo el proceso que necesariamente avanzará gracias a su mutua colaboración, cada uno en el ámbito de sus funciones.
En definitiva, esta Ley pretende integrar los aspectos ambientales en la elaboración y aprobación de planes y programas para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover un desarrollo sostenible en su triple dimensión económica, social y ambiental, a través de un proceso continuo de evaluación en el que se garantice la transparencia y la participación.
