A nadie puede sorprender que la decisión de dar tratamiento de matrimonio a las uniones de personas del mismo sexo resulte polémica. Era de esperar, pues, aunque lo inmediatamente plan teado sea una cuestión jurídica, el referente externo está carga do de implicaciones que no lo son. No en vano ha sido siem pre materia de interés confesio nal, objeto de verdadera ocupa ción eclesiástica. Tanto, que en países como España la Iglesia ha impuesto sus reglas a creyen tes y no creyentes, sirviéndose para ello de la longa manu de un poder, bien poco civil, por cierto.
Esta dimensión del asunto se hace patente en el tenor de reacciones como las de proce dencia episcopal. Y, de forma paradigmática, en el voluntario so informe (de la mayoría) del Consejo General del Poder Judi cial.
De las primeras, sorprende la denuncia de un prelado, en el sentido de que esa opción legis lativa podría incidir de forma perjudicial en "la legitimidad del Estado de derecho". Cuan do, precisamente, éste es un mo delo estatal fundado en la neta separación de derecho y moral. Condición de posibilidad del cli ma de respeto a la autonomía de las conciencias, de concurren cia imprescindible para una con vivencia de calidad entre quie nes, diferentes en sus adscripcio nes religiosas, políticas y de otra índole, están dispuestos a reconocerse y respetarse como personas. Además, es bien sabi do, el acceso a este clima sólo fue posible merced a un largo y difícil proceso de seculariza ción. Al que no hace falta decir quién opuso la más encarniza da resistencia.
Pero lo cierto es que el Esta do de derecho se nutre cultural y políticamente de esa básica diferenciación de planos; y des plaza al ámbito de lo individual y de lo privado convicciones co mo las religiosas. Sumamente respetables en cuanto tales, si bien sólo hasta el momento en que alguien trate de imponer las, contra las reglas que rigen la convivencia en la sociedad pluralista.
Tal clase de inaceptable plan teamiento de fondo es el que destila el informe del Consejo General del Poder Judicial. Lo que subyace a su línea argumen-tal. Esta parte de la afirmación de que el matrimonio "es hetero sexual o no es", porque la hete-rosexualidad —dice— es un ras go identificador objetivo, de progenie "biológica, física o anatómica", aquí determinante de la "diversidad y complemen-
tariedad de sexos". Cuando, en cambio, la homosexualidad ra dica en la "tendencia sexual", subjetiva por definición, y que estimula la formación de pare jas "estériles, incapaces de re producirse", y; según datos esta dísticos, de breve duración.
Para demostrar la verdad de estas afirmaciones, se recurre en el texto a la doctrina civilista de los siglos XIX y XX, que, de manera unívoca, piensa en una relación matrimonial universal-mente integrada por un hombre y una mujer. Y se acude, como argumento de autoridad (nunca mejor dicho), al Cari Schmitt de las "garantías de instituto" y las "garantías institucionales". Naturalmente, en fin, compare ce el gastado recurso a la "natu raleza de las cosas": el más tópi co lugar conceptual de peregri nación de los buscadores de in mutabilidades. Al que viaja el Consejo, tratando de derivar de beres normativos de la naturale za de la institución matrimo nial. Tentativa por demás falaz, como Garzón Valdés hizo ver en un texto que, a pesar de los años, no ha perdido vigencia.
Es una falacia, con prolonga ción en el tautológico intento de dotar de intemporalidad al convencional modo de ser de aquélla. Ahora, mediante el re curso a la dogmática jurídica, que, obviamente, tiene en la le galidad su punto de partida. Porque las definiciones de ma trimonio de ese carácter sólo ad quieren sentido en el contexto normativo de referencia.
Es lástima que el Consejo no haya llevado su curiosidad has ta confrontar lo que dicen esos juristas con las aportaciones de autores como, por ejemplo, Durkheim, Mauss, o Bloch, el Lévi-Strauss de Les structures élémentaires de la párente, o Evans-Pritchard. Así, ha perdi do la ocasión de comprobar lo mucho que, en el sobresaltado devenir jurídico de la institu ción que nos ocupa, hay de ma triz económica y socio-cultural. Según lo acredita una inte racción —tan interesante como interesada y nada naif— de la misma con otras como la pro piedad privada y el Estado. Y el dato elocuente de que regías co-
mo el tabú del incesto y la exo gamia se hayan orientado a la procura de beneficios en el inter cambio social y no a proteger al matrimonio consanguíneo de una amenaza biológica. Un cur so histórico, pues, que no da para mucha idealización.
Con todo, se dirá, el matri monio entre personas del mis mo sexo no ha jugado el menor papel en el desarrollo de tales vicisitudes. Pero esto es algo de bido a circunstancias tan poco naturales como el tratamiento de pecado nefando de la homo sexualidad; sin más espacio so cial reconocido a los portado res de tal estigma que el de la mazmorra o la hoguera, en este mundo. Y el infierno, en el de lo simbólico.
Carezco de autoridad para impartir patentes de naturali dad, y menos de la buena. Pero si lo de natural se toma en la acepción usuaí del diccionario, difícilmente podrá decirse que la homosexualidad es menos na tural que la heterosexualidad. Puesto que constituye un modo de ser de la sexualidad que no se elige. Y al que se llega por caminos personalísimos de simi lar trazado y perfil del que con duce a los heterosexuales a expe rimentar la atracción de los suje tos del sexo opuesto. Por tanto, a través de una compleja diná mica, en la que factores orgáni cos, de orden psíquico y cultura les se reparten el protagonismo, seguramente de forma bastante aleatoria.
Al fin, siempre seguirá sien do cierto que las uniones que tanto perturban carecen de apti tud reproductiva. Pero la ausen cia de esta función tampoco es algo ajeno a las heterosexuales. Por causas, entre otras, como la edad o la decisión libre de los interesados; y, cada vez con más frecuencia, por la no tan libre de la imposición —¡ay!— del mercado de trabajo; que, aun estando ya tan alejado de la naturaleza, cuenta bastante en este asunto.
Así, resulta que los homo sexuales en pareja tienen apti tud para compartir afectos, ela borar y llevar adelante proyec tos de vida en común, y consti tuir, por ejemplo, una sociedad
de gananciales. Y no se reprodu cen. Lo que, como se ha visto, eventualmente, acontece de mo do permanente en bastantes pa rejas heterosexuales; y sucede, de modo regular, en todas du rante muchos años de su exis tencia como tales.
No debe ignorarse que en es te contexto hay un asunto que causa razonable preocupación. Es el de la adopción por parejas homosexuales, por las conse cuencias que pudiera producir en la formación de la identidad sexual del niño. Es un tema jus tamente controvertido, con su particular debate. Y cuyo trata miento legal específico, el que sea, no tiene por qué interferir necesariamente en el del acceso de aquéllas al matrimonio. Por ello, y por razón de espacio, queda al margen de estas líneas.
Al reflexionar sobre el matri monio homosexual con alguna perspectiva, es difícil no recor dar lo sucedido hace algunos años con el divorcio. Parecidos argumentos, en las mismas vo ces tonantes, con idénticas in flexiones apocalípticas. Y ahí es tá el denostado instituto for mando parte de nuestra norma lidad jurídica y dando una sali da humana a tantas ínviables situaciones de pareja. Y, obvia mente, sin consecuencias para las que de éstas tienen vocación de estabilidad. Y lo mismo ca bría decir, en otro terreno, de la relativa despenalización del aborto, que ha sobrevivido in cluso a la amplia reforma penal de la mayoría popular, que en su momento se opuso a ella con verdadero fervor militante.
Es claro, pues, que la incor poración del matrimonio entre homosexuales a la legalidad vi gente no va a producir ningún efecto pernicioso para los con traídos o que pudieran contraer se por sujetos heterosexuales. Entonces, ¿para quién el proble ma? La respuesta la da Cari Sch-mitt, oportunamente llamado en causa: el problema es para la institución. Es decir, para la ins titución como institución. O sea, como forma jurídica que tradu ce un momento de relaciones sociales, que algunos quieren congelar como dogma. Se dice que dogma jurídico, aunque re-
sulta bien claro que no sólo. Y
tal es todo y lo único en juego en este asunto; cuando lo cierto es que la normalización del ma trimonio entre homosexuales no comporta daño alguno para los sujetos que no lo son, casa dos o que opten por casarse, ni en su estabilidad ni en sus expec tativas.
Y si hasta aquí no hay vícti mas de carne y hueso, ¿será la Constitución la verdadera victi ma? Es claro que su art. 32,2 se escribió pensando en las pare jas heterosexuales. Bastantes problemas tenía el constituyen te de 1978 como para plantear se cuestiones que la sensatísima sociedad civil del momento no había incluida en su agenda. Pe ro, aun siendo clara esa volun tad, también lo es que alumbró un enunciado normativo en el que la fórmula: "El hombre y la mujer tienen derecho a...", leí do en obligada relación con el art. 14, debe decir: tanto el hom bre como la mujer, iguales en derechos, pueden libremente contraer matrimonio con cual quier hombre o mujer que, con la misma igualdad jurídica y la misma libertad, decida implicar se en esa relación. Y es que no hay duda, "el hombre" y "la mujer" son todos los hombres y todas las mujeres. Y la igualdad jurídica a que tienen derecho de be regir no sólo en lo relativo al qué y al cuándo, sino también en lo que se refiere al con quién. Un con quién representado por todos los sujetos con igual dere cho a unirse en matrimonio.
Pudo no haberlo querido di rectamente el legislador, pero, desde luego, no lo excluyó. Y esa opción interpretativa, carga da de humanidad y de buen sen tido, está objetivamente inscri ta en la voluntad de la ley. En la que tiene perfecta cabida sin el menor forzamiento.
No es inusual que en el dis curso de oposición a esta refor ma se reclame respeto para el vigente orden jurídico, y, en con creto, para el statu quo de legali dad ordinaria de la relación ma trimonial. Pero mantenerla co mo un fetiche, como una suerte de ídolo cuya identidad ensimis mada debe prevalecer a costa del sacrificio de personas con cretas, es algo que nada tiene que ver con el respeto. Tratán dose de normas de derecho, res petarlas es hacerlas vivir, esto es, servir para dar respuestas vá lidas a necesidades humanas ac tuales que tengan cabida en sus previsiones, entendidas de for ma intelectualmente honesta. Y no otra cosa.
Perfecto Andrés Ibáñez es magis trado.
