El estudio ha sido elaborado a partir de los datos de la Estadística Judicial, del Servicio de Inspección y de la Sección de Organización y Gestión del Consejo General del Poder Judicial, del Instituto Nacional de Estadística y del Anuario Económico de La Caixa.
El número de jueces y magistrados en 1999 era de 469 y en 2003 se elevó a 508. Esta situación, unida al incremento producido en la población madrileña en un 12,3 por ciento en los últimos cinco años y al aumento de la litigiosidad en un 34,1 en dicho período, tiene como resultado que el número de profesionales que administran justicia sólo se ha incrementado en un 8,3 por ciento en los últimos 5 años.
En el dicho informe se especifican deficiencias en la situación judicial madrileña, sin embargo no se determina quién es el responsable de las mismas. Del mismo modo se señala que la región también presenta déficit de fiscales.
Dentro del estudio se recogen 60 propuestas de mejora cuya aplicación se considera necesaria para que la Justicia madrileña sea de calidad. Entre las que destaca la creación de 74 unidades judiciales, de las que 40 se pondrán en marcha en 2005; la definición de la planta judicial; la informatización de los juzgados; el aumento del número de fiscales y la elaboración de una agenda de señalamientos judiciales inteligentes.
