Con ese fin, esta norma, que obligará solamente a la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos, prohibirá las campañas publicitarias dedicadas a destacar los logros de gestión o aquellas que constituyan ataques entre administraciones, y garantizará que su contratación se realiza conforme a criterios objetivos, tanto administrativos, como profesionales.
Todo aquel que considere que una campaña institucional incumple estas normas podrá pedir que se pare. La correspondiente solicitud la resolverá en tres días una Comisión Interministerial de Publicidad y Comunicación Institucional que sea crea a estos efectos. Las campañas utilizarán las diferentes lenguas del Estado español y serán accesibles a personas con discapacidad.
La nueva norma establecerá también que toda la publicidad institucional se planificará y recogerá previamente en un plan anual. Habrá, igualmente, un informe anual posterior que se presentará a las Cortes Generales.
