El documento incluye las sugerencias presentadas por las Comunidades Autónomas y, en particular, el compromiso del Gobierno y de las Administraciones autonómicas para mejorar la legislación con objeto de evitar que la posibilidad del cambio de uso de los terrenos forestales incentive los incendios.
A tal fin, el Gobierno se ha comprometido a reformar la Ley de Montes para que quede prohibido el cambio de uso de los terrenos forestales objeto de incendio, como mínimo durante treinta años. La modificación de la Ley de Montes incluirá otras medidas; en concreto, la creación de una Fiscalía contra los delitos ecológicos de ámbito nacional que coordine y apoye a todas las fiscalías especializadas.
El informe ha sido presentado tres días antes del 21 de marzo, fecha en la que Naciones Unidas celebra el Día Forestal Mundial. Con motivo de esta efeméride, el Ministerio de Medio Ambiente quiere recordar el compromiso adquirido por el Gobierno para reforzar las políticas destinadas a potenciar la gestión forestal sostenible y la conservación de la biodiversidad en los montes españoles.
La superficie forestal en España asciende a 26,6 millones de hectáreas, lo que supone más del 50 por 100 del territorio. La superficie forestal arbolada supera los 15,2 millones de hectáreas, con una media de 130 árboles por persona, según los últimos datos del Inventario Forestal Nacional, que cifra en 5.452 millones el número de árboles en nuestro país.
Los montes proporcionan múltiples beneficios, ya que son fundamentales para garantizar la lluvia, luchar contra el cambio climático y fomentar el desarrollo socio-económico de las zonas rurales. También son imprescindibles como lugares de ocio y esparcimiento para todos los ciudadanos.
Según el documento aprobado, los incendios forestales provocan, año tras año, alarma social, ponen en peligro vidas humanas y bienes sociales y causan daños ambientales y perjuicios económicos. Por este motivo, las Administraciones, conscientes de esta situación, deben colaborar para desarrollar acciones para prevenir y mitigar los efectos de los incendios. Además, es necesario adoptar medidas que impidan la impunidad con que actúan los incendiarios.
Sobre la prevención y persecución de los delitos y de las infracciones administrativas se pueden destacar las siguientes medidas: desarrollar líneas de trabajo con el Poder Judicial con objeto de conseguir una concienciación del problema; intensificar la acción sumarial de la Fiscalía para el procesamiento de los causantes identificados; potenciar los medios humanos y técnicos para la investigación de las causas; fomentar el intercambio de información sobre las sanciones penales y administrativas; y fomentar la coordinación interadministrativa y/o interdepartamental en busca de soluciones a los conflictos de uso y ordenación del territorio.
En cuanto a las medidas relacionadas con la coordinación y la optimización de los medios y métodos o sistemas de extinción, el documento señala la necesidad de vincular la extinción a la prevención y la elaboración de un Plan General de cobertura. Asimismo, señala que se ha de elaborar una recomendación técnica que establezca las condiciones básicas para la mejor integración de los medios de las distintas administraciones en la extinción de grandes incendios y la revisión del Plan Estatal para Emergencias de Protección Civil por Incendios Forestales.
Entre las medidas necesarias para desarrollar en el medio rural e implicar a los ciudadanos, el documento presentado propone poner en valor los espacios forestales mediante el fomento del aprovechamiento y comercialización de los recursos. En la misma línea plantea programas de prevención activa con formación para los usuarios del fuego y fomento del uso de la biomasa y Planes de Prevención mediante el control y la ordenación de los combustibles forestales a través de podas, clareos y desbroces, entre otros.
Los programas de divulgación y educación ambiental adaptados al medio rural y al medio urbano, que impulsen una mejor percepción del riesgo y daño por incendios forestales, se encuentran entre las medidas adecuadas para la implicación del conjunto de la sociedad en la lucha contra los incendios.
