El pasado 28 de diciembre, Nekane Bolado dictó un auto por el que archivó el procedimiento penal en el que estaban inmersos los seis diputados vascos por no disolver a Sozialista Abertzaleak, tal como ordenó el Tribunal Supremo.
La magistrada consideró que no hubo por parte de los imputados “voluntad deliberadamente rebelde” y, por tanto, no se cumplían los requisitos que contempla el artículo 410 del Código Penal, porque, según aseguró, para ello, tendría que haber “una negativa abierta, tajante y concluyente” a cumplir las órdenes de los tribunales por parte de los encausados. A su juicio, estas premisas no se daban en este caso.
Asimismo, la juez señaló que la disolución de Batasuna no implicaba la de Sozialista Abertzaleak y recordó que en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos no se contempla la disolución del grupo parlamentario. También estimó que se había producido una vulneración de los derechos fundamentales de Sozialista Abertzaleak, al no llamársele al proceso de resolución y negársele audiencia.
Aunque la Fiscalía desistió de recurrir la decisión de Nekane Bolado, pese a ser la principal impulsora de la causa, Manos Limpias la impugnó. El Sindicato de Funcionarios Públicos pidió a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que revocara el auto de archivo de la magistrada y advirtió que, de lo contrario, quedaría en “entredicho” la obligatoriedad de cumplir las sentencias que establece la Constitución Española.
Ahora, los magistrados de la Sala Civil y Penal -su presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y Roberto Sáiz-, han decidido estimar el recurso de este colectivo y ha resuelto que continúe el procedimiento penal contra los miembros de la Mesa del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, aunque no contra los integrantes de la Junta de Portavoces, Joseba Egibar, Rafa Larreina y Antton Morcillo.
