Con esta Ley se cumple un compromiso del Presidente del Gobierno expresado en el Congreso de los Diputados el 27 de abril de 2004 y, además, se lleva a cabo un mandato unánime del Congreso de los Diputados incumplido desde hace dos años.
Será una ley adaptada a la España democrática del siglo XXI, que reforzará el vínculo de las Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven, y, entre otras cuestiones, primará el papel del Parlamento en el envío de tropas a misiones internacionales.
La Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional de 1980 está desfasada, es un freno y no sirve para la modernización y operatividad de unas Fuerzas Armadas profesionales que cada vez tienen mayor protagonismo internacional. Se trata de una norma que sirvió para la transición democrática, pero no es útil para la España democrática del siglo XXI. Por ejemplo, no regula las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, no prevé la existencia de un ejército profesional, regula el Ejército del servicio militar obligatorio y no hace referencia a las alianzas internacionales de España.
Se necesita una Ley moderna e innovadora para unas Fuerzas Armadas del siglo XXI, que ofrezca respuesta a las necesidades de un ejército profesional y moderno como el de España y que tenga en cuenta la voluntad del Parlamento y los compromisos internacionales de nuestro país. Se precisa, por tanto, una Ley adaptada a la España democrática del siglo XXI que refuerce el vínculo con la sociedad a la que sirve.
Así, la nueva Ley ordena, define y actualiza las relaciones de los poderes del Estado (Corona, Cortes Generales, Gobierno, Presidente de Gobierno, Ministro de Defensa y el nuevo Consejo de Defensa) con las Fuerzas Armadas; simplifica, moderniza y hace más funcional y operativa la estructura y organigrama de las Fuerzas Armadas; prima el papel del Parlamento en el envío de tropas a misiones internacionales; actualiza los valores, reglas, derechos y libertades de los militares; y refuerza el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad española.
