Así lo ha anunciado Cándido Conde-Pumpido, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado, donde anunció también las líneas básicas y previsiones de actuación de este organismo.
El fiscal general del Estado señaló que la Instrucción 3/2003, dictada por su antecesor en el cargo, ha sido objeto de fuerte controversia y de críticas por diversas organizaciones, incluido el Defensor del Pueblo.
En su opinión, podrían afectarse los principios universales que destacan la protección del menor y de sus intereses como “límite irrenunciable” en cualquier actuación.
