Gran parte de los reclusos extranjeros que entran en prisión se encuentran, en teoría, indocumentados. Pero en la práctica, tienen sus documentos, ya que muchos de ellos se hallan empadronados y, por tanto, la fotocopia de su pasaporte está en manos de los ayuntamientos. Y, además, de poseer documentos, van renovando su permiso de residencia en España durante su estancia en prisión.
La Confederación Española de Policía ha denunciado que el Gobierno ha renovado los papeles a más de doscientos reclusos este verano por silencio administrativo, porque sus expedientes se encontraban entre los 100.000 que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dirigido por Jesús Caldera, resolvió en 21 días.
Entre estos internos se incluyen tanto los reclusos preventivos con identidad verdadera -ingresados sin antecedentes penales- como los penados con nombre falso. Sin embargo, los presos preventivos pueden renovar sus permisos de residencia desde la cárcel, aún sabiéndolo la policía, puesto que no tienen sentencia firme, como se contempla en la Ley de Extranjería.
El fraude se comete por no revisar los expedientes. Ahora, con la aplicación del silencio administrativo positivo han renovado los permisos a 4.000 extranjeros con causas judiciales pendientes, de los cuales más de doscientos están ingresados en prisión.
Según Rodrigo Gavilán, portavoz para la Inmigración de la Confederación Española de Policía, el problema reside en que, de ellos, un 30% habrá obtenido el permiso de residencia permanente, con lo cual, aunque luego resulte condenado por un juez, ya no se le puede expulsar del país. “Para poder identificar a los reclusos con nombre falso necesitamos más tiempo y si nos aplican el silencio administrativo nos paralizan la investigación”.
Muchos extranjeros fingen no tener papeles para ocultar su nacionalidad y evitar ser repatriados a sus países de origen, debido a que si la policía no sabe de dónde proceden no tiene a dónde enviarlos.
Algunos presos poseen incluso varias identidades y los funcionarios de prisiones han asegurado que, en ocasiones, se encuentran con distintos autos judiciales del mismo interno con nombres diferentes.
Para renovar los papeles se exigen varios requisitos: el pasaporte en vigor -para comprobar que el inmigrante no se ha ausentado del país más de seis meses-, la tarjeta NIE con el número de identificación de extranjero y un informe de la vida laboral para demostrar que en el último año se han cotizado, al menos, seis meses a la Seguridad Social.
Otra de las dificultades que deben salvar es cómo acudir a las oficinas de Extranjería si están en la cárcel. Hasta el 1 de enero de 2004, los inmigrantes podían delegar en un abogado o un familiar la entrega o recogida de papeles. Sin embargo, esta situación cambió con la nueva Ley de Extranjería que obliga a los inmigrantes a solicitar los trámites personalmente, precisamente para evitar el fraude de las gestorías y el de las prisiones.
Sin embargo, la Confederación Española de Policía denuncia que las cerca de 400.000 solicitudes pendientes de ejecución -de las que ya se han tramitado al menos 100.000- y que el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tiene previsto resolver antes del 30 de septiembre, son de la época en la que no hacía falta que el afectado acudiera personalmente.
El funcionario de las oficinas únicas de Extranjería debe verificar que el inmigrante aporta el pasaporte, el NIE y el informe de vida laboral. Es entonces cuando envía un listado al Servicio Territorial del Ministerio de Justicia, quien realiza una consulta al Registro Central de Penados y Rebeldes. En él figuran, los delincuentes que tienen sentencia firme y no ha prescrito, ya que si un extranjero tiene antecedentes penales se le deniega la renovación del permiso.
El funcionario no detecta los casos de los penados extranjeros con identidad falsa puesto que sus diligencias se han instruido con otro nombre. Tras esta consulta, el trabajador envía un listado a la policía para que realice el último filtro. Los agentes consultan en la base de datos de personas de interés policial si el afectado tiene una orden de búsqueda y captura o una orden de alejamiento familiar vigente. Sin embargo, aunque la policía compruebe que el extranjero tiene detenciones por delitos recientes, debe dar el visto bueno al permiso de residencia, puesto que no hay una sentencia firme.
Por este motivo, sus abogados realizan maniobras dilatorias para que el juicio tarde lo máximo posible en celebrarse y el extranjero pueda alcanzar el permiso de residencia permanente -que se otorga a los cinco años de estancia legal- y no ser expulsado.
La Confederación Española de Policía reclama que en el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería se otorgue una prórroga para que no se renueven los papeles a un inmigrante que haya delinquido hasta que no se pronuncie un juez.
