Dicho Plan establece que las publicaciones de la Administración General del Estado deberán ser medios eficaces de prestación de servicios a los ciudadanos.
Asimismo, tendrán la tirada estrictamente precisa y, si fuera necesario, los objetivos de difusión oficial gratuita, evitando “stocks” innecesarios.
Las publicaciones oficiales de la Administración General del Estado deberán atender a objetivos generales como la difusión de las normas legales, reglamentarias y técnicas o la información a los ciudadanos sobre las actuaciones del Gobierno en cumplimiento de sus objetivos de política general.
El coste máximo total del conjunto de los programas editoriales de los distintos Departamentos ministeriales, financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, será de 24.312.880 euros, con unos ingresos previstos por venta de publicaciones de 8.888.910 euros.
