INTERVENCIÓN DE CONSUELO RUMÍ EN COMPARECENCIA ANTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comparezco en la Cámara a petición tanto del Gobierno como de los Grupos Socialista y de Convergencia i Unió para explicar las líneas directrices de la política del Gobierno en materia de inmigración y emigración, capítulos de la acción de Gobierno que competen a la Secretaría de Estado que tengo la responsabilidad de dirigir.
Permítanme que, antes de entrar en la materia de la comparecencia, les traslade a sus señorías la especial significación que para mi supone estar hoy aquí, por primera vez desde que asumí mis responsabilidades, dando cuenta de las actuaciones del Gobierno en materia migratoria. A lo largo de la pasada legislatura compartí con algunos de los presentes muchos trabajos y debates sobre este mismo asunto Más allá de diferencias de índole política, hemos sido capaces de asentar una relación reciproca de respeto y afecto personal que tengo la seguridad va a mantenerse durante esta legislatura. No podía iniciar esta primera comparecencia sin dedicar una consideración a estos compañeros de tareas parlamentarias.
Una consideración que hago extensiva muy sinceramente a quienes se han incorporado en esta misma legislatura a las tareas parlamentarias que afectan a las migraciones, ahora en el seno de esta Comisión.
La inmigración constituye un fenómeno que ha irrumpido con pujanza en nuestro país fundamentalmente desde los años noventa. La situación geográfica de España, frontera sur del continente europeo, y nuestra vinculación singular con América Latina, nos hacen destinatarios de una fuerte presión migratoria que es imprescindible ordenar y encauzar de acuerdo a nuestras posibilidades reales de acogida. Ese es, grosso modo, el objetivo central de la política de inmigración.
Algunas cifras, nos ayudan a situarnos ante la realidad de la inmigración en España.
Al concluir el primer trimestre del año en España había más de 1.700.000 extranjeros con permiso de residencia.
Los ciudadanos extranjeros vienen a representar.
- el 4´19% de la población residente.
- el 6´30% del total de trabajadores de alta en la Seguridad Social.
- el 4´29% del total de los demandantes de empleo.
- el 10´50% de los contratos registrados en España en el 2003 y el 12´6%% de los registrados entre enero y mayo del presente año.
- En el año 2002, el 10´43% del total de los nacidos en España eran hijos de madre extranjera.
- En el mismo año, el 8´53% del total de los matrimonios celebrados en España, al menos uno de los cónyuges era extranjero.
- Y también en el curso 2002/2003, el 4,10% de los matriculados en enseñanzas no universitarias era extranjero.
Por supuesto, en algunas de estas cifras no se incluyen las personas extranjeras en situación de irregularidad, dado que no resulta posible establecer su volumen con exactitud. Las estimaciones, por la propia naturaleza no regulada de esta población, son meramente estimativas y entenderán que el Gobierno no deba entrar en especulaciones sobre su alcance.
Parto de la convicción en torno a que todos compartimos que la irregularidad ha crecido de manera importante durante los últimos años y que las estrategias puestas en marcha por el Gobierno en este tiempo no han sido acompañadas por el éxito, aunque con probabilidad la cifra no llegue a las previsiones más abultadas que se han llegado a efectuar.
En cualquier caso, los datos no dejan lugar para la duda. España se ha convertido en un destino preferente de los flujos migratorios procedentes de distintos Continentes y esta realidad nos exige articular una política de inmigración de dimensión estatal y también con objetivos europeos; esto es, con vocación de participar intensamente en la definición y desarrollo de instrumentos concertados en el ámbito de la Unión para abordar conjuntamente la regulación de los movimientos migratorios.
El Gobierno en coherencia con el cambio político operado en España, quiere conceder un nuevo enfoque a la política de inmigración. Y un nuevo enfoque en este terreno significa reformar a fondo la política de inmigración que se ha venido llevando a cabo.
El Gobierno aborda la inmigración como un capítulo esencial del desarrollo político en la nueva legislatura y quiere hacerlo, en primer lugar, desde la mayor concertación posible. Desde un elevado grado de acuerdo tanto con las fuerzas políticas como las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, así como con sindicatos, empresarios y organizaciones sociales.
Desde su toma de posesión, esta Secretaria de Estado ha mantenido una intensa agenda de encuentros y reuniones con organizaciones empresariales, sindicales y sociales a las que ha trasladado los ejes básicos que guiarán las actuaciones del Gobierno, además de nuestra voluntad política por establecer un escenario de acuerdo y colaboración que conduzca a un Pacto de Estado de inmigración que, como todos ustedes saben, forma parte de los objetivos centrales del Gobierno, tal y como quedó reiterado en el discurso de investidura del Presidente del Gobierno.
En el mismo sentido me pronuncié hace apenas dos semanas ante Comunidades y Ayuntamientos en el seno del Consejo Superior de Política de Inmigración. Y me gustaría resaltar la excelente disposición que encontré por parte de los responsable autonómicos y municipales a nuestra oferta de colaboración; sin duda un buen punto de partida pues la cooperación entre las tres instituciones aparece como un instrumento imprescindible para el desarrollo de la política de inmigración que queremos llevar a cabo.
Esta disposición para el dialogo y el acuerdo es la que ahora, en nombre del Gobierno, pongo de manifiesto en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales ante los representantes de los distintos Grupos Parlamentarios. Ya he tenido la oportunidad de trasladarles nuestra disposición a recibir las aportaciones que estimen oportunas en relación a la redacción del futuro Reglamento de la Ley de Extranjería, al que me referiré más adelante. Y ahora, en esta comparecencia, quiero trasladarles que el Gobierno hace del acuerdo político y social un instrumento esencial de su política migratoria.
Estamos convencidos que la inmigración, por su pujanza e intensidad, marcará los perfiles de la convivencia colectiva en nuestro país durante las próximas décadas y que, por ello, deberemos evitar cualquier confrontación gratuita, y profundamente inconveniente para encauzar el fenómeno de la manera más adecuada para todos, españoles e inmigrantes, sellando un consenso político y social básico que en modo alguno puede percibirse como incompatible con la legitima critica que asiste a los distintos grupos en relación a unas u otras decisiones en el ámbito de la acción de Gobierno.
Este no es el momento para abordar con profundidad el pacto de Estado que les proponemos pero no he querido dejar pasar la ocasión sin manifestarles con toda nitidez que nuestra voluntad es abrir un nueva etapa en la conducción de la política de inmigración sobre la base del dialogo y la concertación que, como no podría ser de otro modo, pasa por las distintas fuerzas políticas.
El segundo elemento de identidad que queremos conferir a nuestra política de inmigración es precisamente la voluntad por afrontar los problemas, lo que necesariamente conlleva no negarlos cuando realmente se producen. Tengo la convicción que tan pernicioso es dramatizar las situaciones como ignorarlas de manera injustificada.
La inmigración aporta, además de una contribución imprescindible para el desarrollo económico de nuestro país y el mantenimiento de nuestro modelo social, un enriquecimiento en todos los ordenes de la vida colectiva. Es un factor de alcance indudablemente positivo como con seguridad todos ustedes compartirán conmigo. El Gobierno quiere resaltar la oportunidad que como país nos brinda la inmigración y nuestra disposición para poner en marcha aquellas políticas públicas que nos permitan aprovechar el caudal de posibilidades que este fenómeno abre a la sociedad española.
Lo que realmente singulariza nuestro caso, no son la cifras de inmigrantes, todavía inferiores a las de la mayoría de los países de nuestro entorno, sino la casi súbita irrupción del fenómeno, la aceleración experimentada por la llegada a nuestro país de ciudadanos extranjeros. Es aquí donde podría radicar fundamentalmente la causa de cualquier manifestación de desconfianza hacia la inmigración con la que podamos toparnos, antes que en otras de mayor calado y gravedad.
La responsabilidad del Gobierno es plantar cara a los problemas reales y buscar la eficiencia de las políticas públicas en todos los ordenes de la política de inmigración. Nos les quepa duda que vamos a acometer nuestra tarea con toda la determinación.
En tercer lugar, queremos hacerlo con transparencia. Mantener a la ciudadanía informada es una exigencia para quienes ocupamos responsabilidades públicas. Los grupos políticos y todos los ciudadanos deben conocer las dificultades a las que nos enfrentamos para valorar en todo su alcance la naturaleza de las políticas que se llevan a cabo.
No es mi intención extenderme sobre cuestiones de carácter competencial aunque si creo necesario trasladarles a grandes líneas los cambios que se han operado en la estructura institucional para la nueva legislatura.
- El cambio más relevante se opera en la transferencia de la mayor parte de las competencias en materia de inmigración desde el Ministerio del Interior al de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta decisión se corresponde con una voluntad permanentemente expresada por el Partido Socialista y, por ello, se ha actuado en consecuencia cuando le ha tocado asumir la responsabilidad de Gobierno.
Lo que ahora quiero subrayar es que este traslado en modo alguno va a afectar a las responsabilidades, sobre todo en lo que se refiere a la lucha contra la inmigración irregular y el control de fronteras que corresponde al Ministerio del Interior. Muy al contrario, por lo que a mi respecta, y también tengo que expresar una voluntad muy firme que me han trasladado los responsables del departamento de interior, la más estrecha coordinación será el criterio que oriente nuestra actuaciones, ya sea en el seno de la Comisión Interministerial de Extranjería, que yo mismo presidiré, ya en el discurrir más cotidiano de los asuntos en los que se requiera de la participación de ambos ministerios.
- La creación de una Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración responde a la convicción de que las competencias en la materia deben concentrarse en la mayor medida posible en un mismo departamento con el rango adecuado, evitando la descoordinación que, a nuestro juicio, se derivaba de la distribución existente en la anterior etapa. Llevarlas al Ministerio de Trabajo, como ya he citado, en modo alguno supondrá restar eficacia a las tareas policiales y, en cambio, aportará una mayor cohesión en el terreno de las políticas relativas al ámbito de documentación, laboral y de integración.
- La organización interna de la Secretaría de Estado ha aportado también novedades de algún alcance que no quiero dejar de reseñar. La creación de dos direcciones generales que se ocupan de la inmigración y de la emigración, responde a la necesidad de conceder la mayor autonomía y singularidad en la gestión de dos realidades bien distintas y que requieren de actuaciones diferenciadas. Sinceramente entiendo que significa superar un desfase y que se hará en beneficio de la eficacia de nuestra actuación en ambas materias.
Por otra parte, la creación de la Dirección General de Integración es un signo distintivo de la voluntad política expresa del nuevo Gobierno por promover la integración de los inmigrantes en nuestra realidad. El Ejecutivo considera que la integración es un capítulo esencial de la política migratoria y una apuesta esencial en términos de convivencia en nuestra sociedad para las próximas décadas. En coherencia, quiere dar unidad y también toda la pujanza a las actuaciones del Gobierno de la Nación en este ámbito y, en este sentido, la dirección, además de los programas del IMSERSO, también comprenderá las actuaciones que en materia migratoria se derivan de la distribución del IRPF.
A continuación quiero trasladares con la mayor capacidad de síntesis de la que sea capaz, los objetivos centrales y líneas directrices de la política de inmigración del Gobierno, dejando cualquier consideración adicional que consideren necesaria para la segunda intervención que llevaré a cabo tras las de los portavoces de los distintos grupos.
La lucha contra la inmigración irregular se constituye en uno de los objetivos estratégicos de la política de inmigración del Gobierno. La irregularidad es un fenómeno perverso tanto para los inmigrantes como para la sociedad de destino, que se hace presente en todos los países desarrollados, aunque debe constatarse una mayor intensidad en el caso del nuestro, lo que requiere de una eficaz actuación en el ámbito de las políticas nacionales como en el escenario de la Unión Europea.
Que nadie se engañe o intente falsear la realidad atribuyendo a este Gobierno alguna suerte de permisividad en relación con la inmigración irregular. Sin ordenación de las entradas, ninguna política de inmigración puede canalizar de manera adecuada el potencial de los ciudadanos extranjeros con la capacidad de acogida de esta sociedad. Es más, pongo énfasis en subrayar que sin control de la irregularidad no hay integración posible.
El episodio de hace algunas semanas en Barcelona resulta revelador tanto del aislamiento de los planteamientos más radicales como del grado de responsabilidad que une al conjunto de las instituciones y fuerzas políticas y sindicales así como a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales que trabajan con la inmigración. Debemos felicitarnos por el grado de madurez que se ha puesto de manifiesto también en esta ocasión.
Este Gobierno va a ser muy firme en la lucha contra la inmigración irregular en sus distintos ámbitos.
En lo que se refiere a las obligaciones que comprometen a los transportistas y en la agilización de los devoluciones y expulsiones, en suma, en las repatriaciones y también en la mejora y ampliación de los acuerdos de readmisión con otros países de ciudadanos extranjeros.
También nos proponemos reforzar y mejorar los controles fronterizos así como la potenciación de las unidades de interceptación de la inmigración irregular.
Este mismo esfuerzo se va a dedicar a las actuaciones para la desarticulación de redes delictivas en relación con la inmigración y las inspecciones en materia de contrataciones ilegales.
Los acuerdos de readmisión con terceros pases son un instrumento imprescindible de la política de inmigración y es esta una línea en la que nos proponemos seguir profundizando en esta nueva etapa. En este sentido, puedo anunciar que nos proponemos ampliar los ya suscritos (Marruecos, Argelia, Guinea – Bissau, Nigeria, Mauritania, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Francia, Francia, Rumania y Suiza) a Ghana, Cabo Verde y Guinea, países de donde procede un numero importante de inmigrantes irregulares.
Antes apuntaba que la Unión Europea debe convertirse en un escenario preferente para articular estrategias conjuntas en la lucha contra la inmigración irregular. He de manifestarles que se ha producido un avance de especial relevancia en el Consejo JAI de 8 junio, en el que tuve la oportunidad de participar, por el que se permitirá financiar el retorno de inmigrantes clandestinos desde los países en transito, lo que adquirirá una destacada importancia para nuestro país.
Finalmente, el Gobierno se propone impulsar decididamente la cooperación con Marruecos en materia de inmigración, tanto por lo que respecta a la lucha contra la irregularidad como en lo que se refiere a los flujos laborales. Les anuncio que, tras la excelente disposición mostrada por ambos Gobiernos en la visita del Presidente Rodríguez Zapatero, a comienzos del mes de julio me propongo viajar a aquel país encabezando una delegación que mantendrá un programa de trabajo que incluirá, entre otras cuestiones, mejorar los mecanismos de lucha contra la inmigración irregular, entre ellos el acuerdo de readmisión suscrito en 1992.
En relación a la Unión Europea, tan sólo añadir que en estos momentos nos hallamos en el inicio del proceso del denominado Tampere II. Puedo asegurarles que este Gobierno participará muy activamente, ya lo estamos haciendo, en la definición de las prioridades en materia de inmigración para los próximos años, entre otras razones porque nuestro país es el primer interesado en dar pasos adelante en una política europea de inmigración. En este sentido, además de reforzar los mecanismos conjuntos de lucha contra la inmigración irregular, trasladamos a los restantes países miembros de la Unión que la política europea deberá avanzar a su vez en materia de ordenación y canalización de los flujos migratorios.
La canalización de la inmigración legal representa otro de los objetivos prioritarios de la acción de Gobierno. Es imprescindible mejorar las actuaciones en este ámbito pues me atrevo a diagnosticar que, hasta la fecha, los resultados han sido escasamente satisfactorios.
Este capitulo es central porque la normalización de las llegadas, la efectividad de los canales de inmigración laboral, tiene que representar el mejor acicate para que el potencial inmigrante desista de emprender una aventura incierta y peligrosa hacia la irregularidad. Y la cadencia en nuestro país se ha orientado precisamente en dirección contraria.
Una mayor parte del más de un millón de inmigrantes que trabajan legalmente en nuestro país, han sido antes irregulares. Es decir, la irregularidad ha sido un paso previo y necesario para llegar a la legalidad. Es una pedagogía perversa porque acaba por dar carta de efectividad a una vía que precisamente queremos combatir.
Por ello, la primera determinación expresada por el Gobierno en este ámbito ha sido la de rechazar cualquier posibilidad de decretar regularizaciones extraordinarias. A lo largo de los últimos años se han venido repitiendo cada cierto tiempo y permítanme que resuma lo que quiero decir acudiendo al dicho popular de “pan para hoy, hambre para mañana”. Lejos de ser eficaces, tenemos la convicción de que acaban por convertirse en un factor objetivo de atracción para potenciales inmigrantes.
Queremos afrontar la mejora sustancial de los mecanismos de canalización de la inmigración legal, en primer lugar a través de la elaboración del Reglamento que da desarrollo a la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Una tarea pendiente que hemos abordado con prudencia porque queremos que el texto de la norma disponga de todas las garantías jurídicas y no acabe por ser anulado por los tribunales y hay precedentes recientes sobre ello.
De otro lado, como ya anticipaba, queremos obtener para el Reglamento el mayor consenso y apoyo posible por lo que hemos recabado de instituciones autonómicas y municipales, sindicatos, empresarios, organizaciones sociales y grupos políticos sus contribuciones para ser estudiadas con todo el interés por el Gobierno. Lógicamente, el proceso no es de enmiendas, a la manera de un proyecto legislativo, pero insisto que al Gobierno le interesan las contribuciones de todos los que se aproximan con realismo el fenómeno de la inmigración en nuestro país y estamos dispuestos a que el texto del Reglamento sea el mejor posible para dar respuesta a la realidad de la inmigración.
No quiero suscitar aquí expectativas infundadas que siempre disponen de efectos perjudiciales para todos. Optaré, como lo he hecho hasta ahora, por la prudencia. El Reglamento puede y debe diseñar formulas que ofrezcan soluciones individuales a situaciones que se repiten en la realidad de nuestro país. Tengo la convicción de que las posibles vías deben venir vinculadas a la situación en el mercado laboral y lo que ya se ha establecido como el arraigo.
Existe una posibilidad cierta de hacer las cosas bien y no voy especular más con ello porque ente otras razones, quiero que quede muy claro, no se ha concretado nada y seguimos, en coherencia con la disposición a recibir contribuciones, estudiando las que nos llegan.
Además, el Gobierno quiere que el Reglamento facilite en mayor medida la gestión mediante la simplificación de los tramites administrativos y, entre otras aportaciones, incentive la denuncia contra la explotación.
Me gustaría destacar el nivel de las aportaciones contenidas en el Informe sobre la Inmigración y el mercado de trabajo en España del Consejo Económico y Social. El Gobierno lo valora muy positivamente tanto por la calidad y realismo de sus contribuciones como por constituir un documento en el que han trabajado empresarios y sindicatos. Sin suponer que vayamos a trasladar literalmente sus propuestas, si quiero señalar que constituye una excelente herramienta para nuestro trabajo Reformar a fondo el funcionamiento del Contingente de trabajadores extranjeros es otros de los vértices fundamentales de la política migratoria del Gobierno. Los resultados están a la vista de todos. Mientras que en lo que respecta a los trabajadores de temporada, en el mes de junio las autorizaciones han superado las previsiones, por lo que respecta a los trabajadores estables en esta misma fecha las autorizaciones apenas alcanzan un cuarto de las previstas.
Queremos mejorar sustancialmente el contingente, revisarlo en profundidad porque hoy no satisface ni a empresarios ni a sindicatos. Una reforma que debe afectar tanto a los mecanismos de selección en origen de los trabajadores como a su formación. Y, para ello, es preciso especializar a la propia administración encargada de estas tareas, potenciar unidades dedicadas a la selección y formación de trabajadores.
El contingente tiene que convertirse en un instrumento flexible, ágil en su funcionamiento y capaz de adecuarse a las necesidades reales del mercado de trabajo. Y además queremos hacerlo reforzando la participación de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tanto en la estimación como en su gestión. Fijar el contingente es una responsabilidad del Gobierno. Sin embargo, nos proponemos mejorar sensiblemente los canales de coordinación con las Comunidades y Ayuntamientos reforzando la presencia de estos en su desarrollo.
El Gobierno se propone llevar a cabo lo que denominamos un Plan de Convenios que revise y afronte la mejora de los convenios de regulación y ordenación de los flujos migratorios suscritos con distintos países (Marruecos, Polonia, Rumania, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Bulgaria) y también su posible ampliación a otros países. Dicho Plan definirá los criterios de revisión y mejora siempre buscando dotar de la máxima eficacia a los acuerdos para, más tarde, plantearlos en el seno de las distintas comisiones mixtas.
Finalmente, quiero anunciar que el Gobierno se propone crear una Comisión laboral tripartita que le permita encontrar un foro de dialogo institucional con los sindicatos y empresarios para abordar las diferentes aspectos que les afectan en relación a la política de inmigración. Es cierto que su participación se hace efectiva en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, pero no lo es menos que precisan de un espacio propio que el Gobierno valora como un instrumento para la concertación.
En relación a las oficinas de extranjería es conocida la situación de autentico colapso que se ha encontrado el nuevo Gobierno. Las cifras son similares a las que se han podido conocer y comprenden tanto a las solicitudes iniciales como a las renovaciones con las graves consecuencias que estas últimas tienen en forma de aquello que se viene a conocer como irregularidad sobrevenida.
Prácticamente 400.000 expedientes sin resolver – y una parte de estos sin tan siquiera grabar – representa de manera incuestionable una hipoteca objetiva que hemos heredado y que se debe tanto a la falta de recursos materiales y humanos como a problemas derivados de organización el trabajo.
Abordamos la superación de este autentico abandono mediante un Plan elaborado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el de Administraciones públicas.
Por supuesto que se hará necesario realizar un esfuerzo presupuestario importante para los próximos años con el horizonte de obtener una gestión moderna y eficiente. Ahora, el Gobierno ha diseñado y puesto en marcha un conjunto de actuaciones urgentes que desatasquen el colapso y puedan permitir superar la situación actual. La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado con asistencia de todos los subsecretarios y Delegados del Gobierno ya ha dado inicio al desarrollo de las actuaciones y confiamos que a lo largo del próximo mes la situación mejore sensiblemente. En síntesis, les traslado aquellas más relevantes.
- Desconcentración de los servicios en distintos locales y evitar la congestión actual en las unidades más importantes.
- Establecimiento de varios puntos de recogida de solicitudes de renovación, mediante la aplicación de una encomienda de gestión, con presencia de funcionarios de la Administración General.
- Modificación de los procesos de trabajo: medidas organizativas.
- Incorporación de personal.
- Modificación del sistema de cita previa.
Esta autentica crisis a la que estamos haciendo frente nos revela que el desajuste entre los instrumentos de gestión de la inmigración y las dimensiones de ésta, ha acabado por dar lugar a una situación indeseable. No es posible seguir mirando para otra parte, como si la realidad migratoria permaneciese inalterable, y este Gobierno no va a incurrir en semejante error. Un país moderno, entre otras condiciones, se caracteriza por disponer de una administración capaz de gestionar las demandas que le llegan. No ha sido este el criterio observado y las consecuencias se han dejado sentir con crudeza. El abandono de las políticas públicas acaba por tener un precio muy alto.
Me refiero ahora a la tercera de las grandes dimensiones que vertebran la política de inmigración que quiere llevar a cabo el Gobierno, la que comprende las actuaciones en materia de integración.
Este Gobierno apuesta en serio por la integración. Queremos traspasar el umbral de la política virtual y articular políticas reales de integración; poner en marcha un catálogo de actuaciones dirigidas a favorecer la integración de los residentes extranjeros en la realidad de nuestro país.
Un país que es destino preferente de los flujos migratorios, que necesita de la inmigración para asegurar su desarrollo económico, para garantizar y ampliar su modelo social, esta obligado a llevar a cabo un esfuerzo en programas y recursos en la dirección de promover la normalización de la convivencia y la plena participación de los inmigrantes en la realidad de la que ya forman parte.
La mayor parte de los estudios y la opinión más extendida entre organizaciones sociales y expertos, coinciden en señalar que no existe en nuestro país una política de Estado sobre integración. El Estado no ha trabajado de forma suficiente para promoverla y, en general, la dotación de recursos es insuficiente, además de existir una reconocida disparidad de criterios entre los distintos ámbitos competenciales.
Junto ello, me gustaría también valorar positivamente los planes de inmigración aprobados en algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Iniciativas sin duda valiosas que deberán reforzarse en el futuro.
El objetivo del Gobierno es poner en marcha un Plan Estratégico para la Coordinación y la Ejecución de las Políticas de Integración que, de un lado, represente un instrumento para coordinar las actuaciones en esta materia transferida con las Comunidades y Ayuntamientos y, de otro, promueva la participación de las organizaciones sociales.
Los principios en los que se inspira el Plan son los siguientes, enunciados de manera esquemática.
- Ha de partir de una dimensión estratégica en su calidad de impulsor de los planes autonómicos y locales.
- Debe disponer de una dimensión integral pues dará respuesta al conjunto de actuaciones públicas en esta materia.
- Debe promover mensajes positivos.
- Debe permitirnos avanzar hacia la normalización.
Me detengo por un instante en este último aspecto para subrayar que en modo alguno pretendemos que los inmigrantes dispongan de cauces singularizados o incluso privilegiados; el objetivo de la política de integración que estamos promoviendo es que las personas inmigradas tengan acceso a las políticas públicas a través de los cauces ordinarios de la administración. Se me antoja una definición necesaria para delimitar que proyecto de integración estamos proponiendo.
En este capítulo distinguimos las siguientes áreas de actuación prioritaria.
En primer término, la que se refiere a la ayuda humanitaria. Organizar la primera atención en cuanto a la llegada de pateras y otras situaciones vinculadas a la inmigración irregular. Es la primera ayuda, la más vital y necesaria. En este ámbito se reforzarán los acuerdos y actuaciones de la administración en coordinación con las organizaciones sociales.
En segundo lugar, nos proponemos crear una Red de Alerta Temprana para detectar y actuar sobre situaciones de emergencia. Nuestro objetivo es disponer de un mapa de zonas de riesgos potenciales que nos permita intervenir evitando la agudización de conflictos latentes.
En tercer lugar, el corazón mismo de cualquier proyecto de esta naturaleza descansa en su capacidad para promover itinerarios de integración del inmigrante desde la acogida, información y asesoramiento y el conocimiento del idioma, hasta la mejora en el acceso a las oportunidades de acceso al empleo, los itinerarios de inserción sociolaboral por cuenta ajena, apoyo a las iniciativas de autoempleo y otras actuaciones en materia de empleo, sanidad y reagrupación familiar.
La integración es un proyecto que necesariamente ha de caminar en dos direcciones que confluyen en un mismo escenario de normalización. Por ello, junto a las actuaciones dirigidas hacia el inmigrante, la política de los poderes públicos ha de contemplar también un catálogo de programas y campañas efectivas para la sensibilización de los ciudadanos en relación con la población inmigrante. Una labor pedagógica que tanto el Gobierno como las Comunidades y Ayuntamientos tenemos la responsabilidad de acometer.
Finalmente, no proponemos, en coordinación con el área de cooperación al desarrollo del Gobierno, ofrecer un impulso a los programas de codesarrollo.
Iniciativas que vinculen directa y expresamente actuaciones en materia de cooperación y de regulación de flujos migratorios. Contamos con la plena seguridad de que representa el camino para, junto a otros esfuerzos, acometer el fondo de las causas sobre las que se sustenta la decisión de tantos seres humanos.
Mención aparte dispone la atención especial que le vamos a conceder a las actuaciones en lo que se refiere a los menores no acompañados, un ámbito de especial sensibilidad que les anuncio formará parte de la agenda del viaje que ya les he enunciado a Marruecos. Debemos ser capaces, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de articular una política que garantice la eficacia de las políticas públicas y el retorno de los menores con sus familias preservando siempre sus derechos.
La lucha contra el racismo y la xenofobia y contra cualquier forma de discriminación se hará presente en las actuaciones del Gobierno a lo largo de la presente legislatura. En este sentido, les anuncio que nos proponemos incorporar a la acción pública dos instrumentos de indudable relieve que van a resultar de una importancia crucial en el horizonte por ganar la batalla contra la intolerancia y a favor de la convivencia.
De un lado, la puesta en marcha del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, cuyo origen se sitúa en esta Cámara mediante Moción aprobada por unanimidad la pasada legislatura. Ahora vamos a plasmar con esta iniciativa la voluntad del legislador.
De otro lado, la creación del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen racial o étnico, resultado de la transposición de la Directiva 2000/43. El Consejo, cuyos fines superan los limites estrictos del terreno migratorio, va a constituirse en un instrumento fundamental en la lucha contra la discriminación. Dispondrá de una composición plural y su funcionamientos estará presidido por la autonomía funcional y la independencia.
Finalmente, nos proponemos revitalizar el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, cuyo funcionamiento ha decaído sensiblemente a lo largo del último periodo y del que me atrevo a avanzar ha visto desvirtuadas sus funciones tal y como se habían previsto en el momento en que nació.
El Gobierno quiere ofrecer un nuevo tratamiento público a la inmigración en España. En el terreno del discurso poniendo fin a las dramatizaciones interesadas y hablando con claridad a los ciudadanos, trasladándoles la realidad de nuestros problemas y las expectativas que se abren ante nosotros como resultado de la llegada de ciudadanos extranjeros.
También en el terreno de la gestión que debe ser mejorada de manera radical porque el saldo con el que nos hallamos deja mucho que desear y es manifiestamente mejorable.
A juicio de quien les habla, el problema esencial de la política de inmigración en los últimos años se ha derivado de una gestión no adecuada.
Como ha quedado ya dicho, el Gobierno va a reforzar la lucha contra la inmigración irregular, al tiempo que se propone mejorar los canales de acceso de la inmigración legal y promoviendo los programas de integración social de los inmigrantes en la realidad de nuestro país.
Queremos hacerlo desde la concertación y el acuerdo. Mediante un pacto de Estado en el que, les anuncio, comenzaremos a trabajar en los próximos meses, una vez reanudado el curso político.
Y, en este escenario, nuestro objetivo, en el que ya estamos poniendo todos los esfuerzos, es incrementar la colaboración con las Comunidades a través de la acción concertada y reforzar la presencia de los Ayuntamientos en la acogida y en la integración mediante el apoyo del Gobierno de las propias Comunidades.
Y, para finalizar con este capítulo, la política de inmigración integral que queremos llevar a cabo, necesariamente debe incluir planes específicos en aquellas zonas, como Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, que son objeto de una especial presión migratoria y que requieren de un esfuerzo singular por parte de los poderes públicos.
Las dos ultimas décadas han venido presididas en lo que a España se refiere por un cambio radical en la orientación de las migraciones. De llevar millones de emigrantes a todo el mundo, hemos pasado en muy poco tiempo a convertirnos en destino preferente de los flujos migratorios.
Esta inversión de la tendencia, en modo alguno nos puede hacer olvidar que en torno a un millón y medio de ciudadanos españoles siguen residiendo en el exterior. Esa realidad plantea un compromiso a los poderes públicos para hacer efectivos los derechos subjetivos que les corresponden como ciudadanos, y no meramente políticas asistenciales o de beneficencia, además del esfuerzo que se deriva de trasladar el Estado de Bienestar más allá de nuestras fronteras, allí donde viven ciudadanos españoles que atraviesen por situaciones de dificultad.
Estos serán los dos vértices fundamentales de la actuación del Gobierno en relación con los residentes españoles en el exterior.
A ello quiero añadir lo que entiendo un reto que nos compromete a todos; en especial a los poderes públicos y a los propios emigrantes. La emigración no puede convertirse en solo memoria; forma parte también del presente colectivo de la sociedad española y, por ello, debe desempeñar un activo papel en la evolución de nuestro país.
Debe incorporar una contribución todavía más activa, protagonizar los cambios junto al resto de los ciudadanos, y no conformarse con observarlos desde la distancia. La emigración, por la experiencia que atesora, es un activo para este país que no podemos desaprovechar y que debemos proyectar a lo largo de estos años. Hacer vivir con plenitud al emigrante la condición de ciudadano. Así podría resumir el objetivo al que se encamina la acción de Gobierno.
Quiero subrayar que en esta Secretaría de Estado, las políticas dirigidas hacia los emigrantes disponen de una estructura propia con la creación de la Dirección General de la Emigración. Carecía de sentido que siguieran confundidas por más tiempo con un ámbito bien diferenciado como es el de la inmigración y con este criterio hemos operado los cambios necesarios para concederle un espacio propio. La emigración, tanto por inscribirse en una Secretaría de Estado como por disponer de esta Dirección ha ganado presencia con el nuevo Gobierno, dispone de una mayor relevancia institucional.
El Gobierno impulsará la elaboración y aprobación del Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Mundo. No se intenta establecer nuevos derechos que son ya de carácter constitucional y pertenecen por igual a todos los ciudadanos. Con más precisión, será un texto normativo singular atendiendo la singularidad de la emigración. Una apuesta por reforzar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos españoles que residen fuera de nuestro país y al mismo tiempo recoger las obligaciones que comprometen a los poderes públicos con el colectivo.
Por tanto, la elaboración del Estatuto se plantea como una prioridad en las tareas de Gobierno.
El retorno, facilitar la vuelta a su país de quien desee regresar de la emigración, constituye un derecho constitucional que el Gobierno quiere facilitar a los ciudadanos españoles. Por ello, con carácter inmediato, en el seno de la Dirección General de Emigración, se constituirá la Oficina Española del Retorno que nace con un doble objetivo.
De un lado, actuar a modo de ventanilla única, facilitando y simplificando las tramitaciones y requisitos que deben llevar a cabo los emigrantes para regresar a su país.
De otro lado, promoviendo la inserción laboral si se estuviese en edad de trabajar y, en general, la normal integración de los emigrantes en la sociedad a la que vuelven, en mucho casos tras décadas de ausencia. Esta Oficina se propone también cooperar con los agentes sociales y las asociaciones que trabajan en el ámbito del retorno, además de la imprescindible coordinación con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
El Gobierno llevará a cabo un esfuerzo sostenido en el ámbito presupuestario para mejorar de manera progresiva los recursos destinados a las pensiones y asistencia sanitaria a los españoles en el exterior. Pueden contar con la seguridad que, en el marco de los correspondientes escenarios presupuestarios, se constituirá en una de nuestras primeras preocupaciones.
Como también lo es facilitar al máximo la percepción de dichas prestaciones por parte de nuestros emigrantes. En este sentido, les anuncio que hemos adoptado la decisión de reducir a la mitad el tiempo con que se venía operando para abonar las pensiones asistenciales a los emigrantes. Es decir, si hasta el momento se pagaban cada seis meses, desde ahora se hará cada tres meses, entendiendo que así prestamos un servicio a la colectividad.
Y en este mismo ámbito, se llevará a cabo un esfuerzo especial destinado a los mayores (residencias, centros de día, viajes etc.).
Observarán que lo que pretendemos es definir una política de emigración integral que atienda a todos los ámbitos y derechos de los españoles en el exterior y que a su vez se halle integrada en la realidad económica y social de la España actual.
La participación institucional de la emigración se halla garantizada a través tanto del Consejo General de la Emigración como de los Consejos de Residentes Españoles, repartidos por numerosos países. Entendemos que dicha presencia y participación de los residentes en el exterior en torno principalmente a los asuntos que les atañen directamente ha de profundizarse, mejorando la capacidad y funcionalidad de dichos órganos.
El pasado 31 de mayo, tuve ocasión de trasladárselo a los Consejeros en el Pleno del Consejo General de la Emigración celebrado en Santiago de Compostela. El Gobierno entiende que es necesario abrir una reflexión sobre el funcionamiento de dichos órganos a la luz de una experiencia que ya se aproxima a las dos décadas. Una reflexión sobre el modelo y su operatividad en modo alguno encaminada, y lo digo para despejar cualquier duda al respecto, a debilitar su presencia sino, muy al contrario, para fortalecerla, adecuándola a los cambios y al momento presente. Este debate exige, en primer término, la participación de los propios emigrantes a través de su representación pero también compromete al conjunto de las fuerzas políticas.
Por otra parte, tenemos la responsabilidad de promover la participación de los emigrantes en nuestras instituciones democráticas y de manera especial en los procesos electorales. Es preciso, en primer término, garantizar la efectividad del ejercicio del derecho al voto, superando por ello cualquier obstáculo o traba que acabe por impedirlo.
Y al tiempo, también debemos abrir un debate para garantizar el voto directo mediante urnas instaladas en Embajadas, consulados y centros españoles. No es un avance sencillo, requiere de modificaciones normativas que con claridad transcienden el ámbito de trabajo de esta Comisión, aunque si es pertinente que nos pronunciemos aquí sobre ello dado que constituye una demanda permanente que llega desde la emigración. En este sentido, para el Gobierno las previsibles reformas deberán abordarse con el máximo consenso posible de las Cámaras. Y en los mismos términos me pronuncio sobre las reformas a llevar a cabo para superar agravios comparativos en cuanto al acceso a la nacionalidad.
El Gobierno esta dispuesto a prestar una atención prioritaria al acceso a la educación de los residentes españoles y sus descendientes, un terreno en el que estamos convencidos debe llevarse a cabo un esfuerzo sostenido a lo largo de los próximos años, al igual que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en lo que respecta a la transmisión de las lenguas y culturas de nuestro país. En el terreno educativo resultará de especial importancia profundizar en los mecanismos de colaboración con la UNED.
También creemos que la administración debe facilitar la incorporación de nuevas tecnologías en lo que respecta a las relaciones con los residentes en el exterior. La primera iniciativa que en este sentido les anuncio es la creación del Portal de la Emigración que sin duda mejorará el acceso de los emigrantes a las instituciones.
Finalmente es imprescindible potenciar espacios institucionalizados para optimizar las políticas que se llevan a cabo tanto desde el Gobierno de la Nación como desde las respectivas Comunidades Autónomas, evitando cualquier riesgo de duplicidad que introduce una dispersión que nadie desea.
La coordinación es, por tanto, uno de los retos prioritarios de este Gobierno en el terreno de la política de emigración y vamos a invitar a las Comunidades Autónomas a colaborar para lograrlo.
Concluyo. He querido trasladarles las líneas directrices que conforman la política de inmigración y de emigración del Gobierno de la Nación. A lo largo de la legislatura, tendremos oportunidad de entrar de manera más pormenorizada en las cuestiones que aquí necesariamente se han abordado tan sólo de manera general, entre ellas la creación de la Agencia Española de Migraciones que, como ustedes saben, es un compromiso electoral.
En todo caso, si quiero reiterarles la voluntad del Gobierno para abordar las políticas migratorias con el mayor nivel de concertación posible así como mi plena disponibilidad para con los señores y señoras diputados.
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración
