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EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL RECHAZA EL INFORME DE LA LEY INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO PERO EL EJECUTIVO SEGUIRÁ ADELANTE CON LA NORMA

16/06/2004
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La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por mayoría elevar al Pleno la propuesta de dictamen a la Ley Integral de Violencia de Género que había redactado la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, Montserrat Comas.

Los tres vocales de la mayoría conservadora integrantes de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial, Adolfo Prego, José Luis Requero y Javier Laorden, se opusieron a dar el visto bueno al dictamen al considerar que la futura Ley discrimina al hombre.

Por esta razón, se decidió pedir más tiempo al Gobierno, así como nombrar un nuevo ponente para elaborar un nuevo informe. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, insistió en la petición al Gobierno de que se amplíe en 15 días el plazo para presentar su informe sobre la Ley de Violencia Doméstica, ya que, en su opinión, en el tiempo previsto no se podrá aprobar.

Así, Enrique López indicó que el informe del Consejo no estará la semana próxima pese a que el plazo dado por el Gobierno acaba el próximo martes, 22 de junio, para la aprobación en el Consejo de Ministros del viernes, 25 de junio.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Ejecutivo atenderá las recomendaciones que haga el Consejo General del Poder Judicial respecto a la Ley, pero afirmó que las consideraciones del Consejo no retrasarán los planes de aplicación de la norma previstos por el Ejecutivo.

Por otro lado, los representantes de las principales asociaciones judiciales discreparon sobre la decisión de la comisión de estudios e informes del Consejo General del Poder Judicial de rechazar la propuesta.

Así, la Asociación Profesional de la Magistratura consideró “normal” la postura del Consejo y calificó el enunciado de la ley de “claramente inconstitucional” por hablar sólo de las mujeres, mientras que Jueces para la Democracia y la asociación Francisco de Vitoria defendieron su legalidad.

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