La consellera de Enseñanza, Marta Cid, ha informado de que con esta medida pretende dar respuesta a la “incertidumbre” originada en torno a la aplicación de esta Ley tras la victoria electoral del Partido Socialista, que ya ha anunciado también que piensa paralizar su aplicación.
El Gobierno catalán ha pedido a José Luis Rodríguez Zapatero una moratoria mínima de dos años de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación y la derogación de los decretos que la despliegan para buscar un consenso con la comunidad educativa y las Comunidades Autónomas sobre el futuro marco educativo en España.
Marta Cid ha destacado que mantener la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación “no beneficia a nadie”, hubiera provocado “muchos inconvenientes” y “dificultaría posibles cambios en el futuro”, lo que la ha llevado a optar por esta suspensión.
Para justificar también esta decisión, la consellera ha subrayado que la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación es una norma aprobada de manera “unilateral” por el Partido Popular y que supone “un grave retroceso en el proceso integrador del sistema educativo”, además de “no respetar la pluralidad lingüística” de España e “invadir las competencias del Gobierno catalán”.
El Departamento de Enseñanza ya ha dado instrucciones para que no se publiquen los nuevos currículos previstos en la Ley, entre ellos el que ampliaba las horas de enseñanza del castellano.
La suspensión de la Ley supondrá también, de momento, aplazar los nuevos itinerarios para la Educación Secundaria Obligatoria, la prueba de bachillerato y el nuevo sistema de evaluación de los alumnos, que obligaba a repetir curso si se suspendían más de dos asignaturas.
