Antonio Durán-Sindreu criticó que el Impuesto sobre Actividades Económicas grave el mero ejercicio de la actividad económica, lo que no se adecua al principio constitucional de capacidad económica, y añadió que también vulnera el principio de igualdad, al discriminar sin legitimación a las personas físicas respecto a las personas jurídicas y, dentro de las jurídicas, entre las que facturan más de un millón de euros al año y las que lo hacen por un importe menor.
A su juicio, estas discriminaciones crean distorsiones en la libre competencia empresarial y atentan contra las condiciones de concurrencia del mercado y contra el principio fundamental de neutralidad.
Por ello, la Asociación Española de Asesores Fiscales estima que lo más razonable es suprimir el Impuesto sobre Actividades Económicas o reformarlo sustancialmente.
