A LOS VEINTICINCO AÑOS
Estamos ante un jubiloso aniversario constitucional. Por halago de la fortuna y decisión del Partido Socialista, al que me honro en pertenecer, tuve el encargo de intervenir en la ponencia constitucional de siete miembros. Para que todos estuviéramos presentes renunciamos a los miembros que nos correspondían por el número de diputados, y así pudieron estar los de Alianza Popular, los comunistas y los nacionalistas, además de los tres representantes de UCD. Los siete miembros -Cisneros, Fraga, Herrero de Miñón, Pérez Llorca, Roca, Solé Turá y yo mismo- hicimos un esfuerzo de consenso extraordinario, y todos tuvimos que dejar parte de nuestras ideas propias para alcanzar el acuerdo básico con nuestro proyecto. Durante el largo proceso constituyente, que duró desde agosto de 1977 hasta el 31 de octubre de 1978, el espíritu de la ponencia se trasladó a todos los momentos del proceso, y el esquema de nuestra Constitución permaneció y se mejoró sensiblemente, perfilando el lenguaje, la técnica y la sistemática, de la norma máxima, que se aprobó el 6 de diciembre de 1978 en referéndum en todas las provincias españolas sin excepción. El Rey firmó, promulgó y ordenó su publicación el 27 de diciembre, y el 29 apareció el texto en el Boletín Oficial del Estado, en castellano y en las demás lenguas españolas.
Desde entonces ha habido cambios de posición en los partidos, e incluso desaparición de alguno como UCD. Alianza Popular, hoy Partido Popular, no apoyó el Título VIII sobre el Estado de las Autonomías, respecto al que mantuvo un voto particular discrepante. Los nacionalistas catalanes, que fueron ejemplares en su lealtad, ahora, aún manteniéndola, afirman, no sé si de verdad, por causas electorales o por la pretensión exclusivista del Partido Popular, que no se sienten cómodos en los actuales momentos. Los comunistas, igualmente ejemplares, con Santiago Carrillo, y autores decisivos del consenso, se apartaron con Julio Anguita ya en Izquierda Unidad con su defensa de la república, tesis que aún mantienen algunos sectores, y también con la comprensión con la que tratan las propuestas semi-secesionistas del lehendakari Ibarretxe, e incluso con el apoyo que les prestan sus correligionarios del País Vasco. Los nacionalistas vascos no la apoyaron desde el principio, y hoy plantean un proyecto que rompe la Constitución. Frente a todas esas situaciones históricas innegables, el Partido Socialista ha sido el único que desde el principio, sin ninguna excepción, sin ninguna duda, ha defendido la totalidad del texto constitucional. En el veinticinco aniversario, cuando la Constitución sufre una presión brutal con el terrorismo de ETA que persiste, y con el PNV y EA empeñados, con el apoyo de Izquierda Unida del País Vasco, en una propuesta claramente inconstitucional, conviene recordar los hechos, que son sagrados, aunque las opiniones sean libres, como señalaban los padres fundadores de la democracia americana. La defensa cerrada de la Constitución que hace el Gobierno y el Partido Popular junto con la del PSOE, constituye hoy una garantía de continuidad y un signo de que la inmensa mayoría de la población la apoya y la defiende.
Un desacuerdo actual entre los dos partidos impide que una reforma necesaria, que en realidad es un perfeccionamiento, se pueda realizar. Me refiero a la reforma del Senado, para ajustarle a la afirmación constitucional de que es la Cámara de representación territorial. Mientras la selección de los senadores en su gran mayoría se haga por el sistema de un Estado unitario, es decir, en elecciones por circunscripción provincial por un sistema mayoritario corregido, no estaremos desarrollando fielmente el espíritu ni la letra de un Estado compuesto como es el Estado de las Autonomías. Es curioso el cambio actual del Partido Popular que en 1996 estaba a favor de la modificación de la regulación del Senado. Fraga, sin embargo, frente a las actuales tesis de su partido, acaba de señalar, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la necesidad de esa reforma como urgente.
La Constitución en general es valorada en el mundo académico pese a las críticas que toda obra humana provoca, por su calidad jurídica y sobre todo por su eficacia, y su aceptación es también creciente entre los ciudadanos, incluidos los nacionalistas. Tanto el proceso constituyente como el propio texto son considerados y utilizados en otros procesos similares en Iberoamérica y en Europa del Este.
Su desarrollo en estos años ha sido equilibrado y han funcionado las garantías y los mecanismos de control, siendo especialmente relevante la acción desde 1979 del Tribunal Constitucional. No es exagerado afirmar que solo tenemos un problema serio, que es el desafío de los nacionalistas vascos con el proyecto de nueva relación con España, que es una modernización híbrida entre foralismo y nacionalismo del viejo pacto medieval con la Corona. Rompe el procedimiento de reforma y las reglas del juego constitucional. También, aunque se presenta como una reforma del Estatuto, supone una reforma directa de la Constitución en la mayoría de sus artículos (1, 4.2, 5.3, 10.1, 11.3, 12-18, 26-29, 41-43, 45-54, 55-58, 59.3, 60, 61, 63, 65, 67, 68, Disposición Transitoria y Final). Es, pues, una propuesta que se hace de espaldas a la Constitución. Desde ella, plantear un diálogo como hace el lehendakari es poco serio. En efecto, con la Constitución se pasó de cero a cien en el ámbito de reconocimiento de los hechos diferenciales y de la nación cultural vasca, y de unas instituciones y unas competencias autonómicas propias de un Estado funcionalmente federal. El límite era la reserva de soberanía para la nación española, la única soberana. Sólo no cabría en el diseño constitucional la autodeterminación y la independencia. La buena fe de los constituyentes fue total, con la esperanza de que un ámbito tan amplio de libertad iba a ser utilizado con lealtad. Sin embargo, parece obvio que ese comportamiento leal no sólo no se ha producido, sino que se han utilizado las ventajas de un gobierno continuado desde el primer ejecutivo autonómico para fortalecer posiciones de ruptura con la Constitución. Es decir, que los beneficios del poder en una sociedad bien ordenada no han sido utilizados por los nacionalistas vascos para arraigar las instituciones establecida en el Estatuto de Autonomía, ni para que otros pudieran seguir beneficiándose en el futuro.
Al contrario, han sido una plataforma para la confrontación, el fraude a la ley y el abuso de Derecho, con argumentos falaces, con invenciones históricas y con una doblez sin límites. No veo, a pesar de eso, el problema con pesimismo, porque creo que los nacionalistas se quedarán siempre al borde del abismo pero que nunca van a sentir la tentación de despeñarse, y porque ningún gobierno español ni las instituciones europeas consentirían ese desenlace que pretenden. Si vemos el tema al revés, la imposibilidad del plan Ibarretxe y su contraste con el buen sentido de la regulación autonómica de la Constitución, podremos decir que al citado plan, por su incapacidad de ser aprobado, es el mejor homenaje que podemos hacer a la Constitución Española.
Todos los demás temas, y todos los problemas que genera, pueden ser resueltos en el marco de la Constitución. Solo una pequeña sombra, ridícula y de difícil compatibilidad con los valores, los principios y los derechos constitucionales, la protagoniza la Iglesia Católica como institución. Parece que la expresa mención a la misma en el artículo 161.3 está siendo utilizada para intentar una cierta vuelta al confesionalismo. Los excesos de los obispos en los nombramientos y despidos de los profesores de religión, la reclamación al Rey del Cardenal de Madrid para que no olvide que es Su Majestad católica, los esfuerzos y las presiones para que la enseñanza de la doctrina católica tenga un puesto evaluable y el reciente protagonismo en las filas del Partido Popular del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo y de otras organizaciones intransigente y dogmáticas, llaman la atención por lo excepcional que es el caso en Europa. No es, con esos ejemplos, extraño que en 1996, en un documento episcopal español sobre “La moral en la sociedad democrática”, se dijera que los obispos son depositarios de unas verdades permanentes que están por encima de las coyunturales mayorías y de la soberanía popular. Esto supone la poca relevancia de fondo que los obispos en general dan al texto constitucional, del que se aprovechan en resquicios interpretativos que no son del tiempo actual, y que manipulan el Derecho y apartan a la Constitución.
Felizmente, el poco eco social que respalda a esas actitudes no augura nada bueno para el futuro del confesionalismo, que nos devolvería a los peores escenarios de los tiempos lúgubres.
