La violencia contra las mujeres es uno de los principales obstáculos al desarrollo democrático de todos los países, y uno de los problemas de salud pública más graves por su dimensión cuantitativa y cualitativa. Existe consenso internacional en la naturaleza plurisdiciplinar de este problema social y en la necesidad de abordarlo con medidas preventivas, asistenciales, de intervención social a favor de la víctima y medidas legislativas orientadas a la prevención y sanción de estos delitos.
Para la Asociación, las sucesivas reformas legales que en España han aparecido durante este año han mejorado algunas deficiencias técnicas de las leyes, pero lo cierto es que se han presentado como reformas parciales y parches legislativos.
En su opinión, no se ha abordado éste fenómeno criminal de manera integral ni con la necesaria perspectiva de género, que señala el origen de la violencia en una tradicional asignación de roles sociales no igualitarios entre hombres y mujeres.
Dentro del ámbito judicial la asociación Jueces para la Democracia considera necesario seguir avanzando en la formación y sensibilización de los jueces y fiscales en ésta materia, para evitar prejuicios o respuestas inadecuadas a las situaciones de hecho que se plantean cuando las mujeres denuncian ante la Administración de Justicia las amenazas sufridas y el riesgo que sufren.
Para ello, indican la utilidad de medidas como el mantenimiento e intensificación de cursos de formación, la introducción de un módulo de violencia de género en la Escuela Judicial, la aprobación de un protocolo de coordinación entre las jurisdicciones civiles y penales para evitar respuestas contradictorias de los órganos judiciales y la dotación de medios necesarios para que se puedan ejecutar las penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
