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  • EDICIÓN DE 15/04/2003
 
 

LA FUTURA LEY DE MEDIACIÓN ANDALUZA PERMITIRÁ RESOLVER CONFLICTOS AL MARGEN DE LOS TRIBUNALES

15/04/2003
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía inició ayer los trámites para la aprobación del Proyecto de Ley de Mediación, que regulará la resolución de conflictos al margen de los tribunales en todos los ámbitos, salvo el laboral, que ya cuenta con instrumentos específicos para ello.

La Consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, ha afirmado que esta norma fomentará el uso generalizado de la mediación al margen de los tribunales, tanto en el Derecho Privado como en el Derecho Público, como forma de disminuir el gran volumen de asuntos que llegan a la Administración de Justicia.

Señaló que de este modo se evitará el recurso a la vía judicial en contextos sociales como el familiar, el escolar, el mercantil y el administrativo, a través de la aproximación de posturas y la consecución de acuerdos entre las partes litigantes.

La Consejera considera que la Ley de Mediación supondrá un avance importante en el ámbito de la justicia y abogó por que se configure una “cierta cultura de la mediación”, como la ya existente en el ámbito laboral.

En este sentido, en la futura Ley, el procedimiento extrajudicial previsto, al que podrán acudir voluntariamente personas físicas y jurídicas, tendrá una duración máxima de tres meses y otorgará validez y obligatoriedad a los acuerdos que se adopten a su finalización.

Asimismo, se reconocerá el derecho a la mediación gratuita para todos los ciudadanos que cumplan los requisitos que actualmente rigen en el caso de la asistencia jurídica gratuita.

De acuerdo con el Anteproyecto, la mediación será ofrecida por instituciones, colegios profesionales, asociaciones, entidades, fundaciones y profesionales liberales que acrediten experiencia y formación en esta materia.

Para la coordinación de esta iniciativa, el texto prevé la creación del Centro de Mediación de Andalucía, órgano que estará adscrito a la Consejería de Justicia y Administración Pública y que también se encargará de la formación de los mediadores y de gestionar el Registro General de Personas y Entidades Mediadoras.

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