El recurso se basa en que la denominada Ley de Acompañamiento modifica más de ochenta normas y crea trece nuevas tasas, con un incremento de la carga fiscal sin permitir un debate en profundidad sobre las mismas.
El Partido Socialista ha afirmado que el objetivo de este recurso es que el Tribunal Constitucional establezca una doctrina que impida al Gobierno incurrir en arbitrariedades.
En el planteamiento del recurso, el Partido Socialista subraya que la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social sirve para regular materias relacionadas con los presupuestos por lo que impugna los preceptos que no guardan relación directa y necesaria con la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
El documento remitido al Tribunal Constitucional indica también que resulta imposible constitucionalmente que exista una Ley ordinaria que, con carácter anual y contenido indeterminado e impredecible, opere sobre la totalidad del ordenamiento jurídico.
Además, incide en la utilización incorrecta y abusiva del trámite del proyecto en el Senado con el objetivo de limitar la competencia legislativa al Congreso de los Diputados.
