Todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial estuvieron de acuerdo en sancionar a la juez como autora de una falta muy grave.
Finalmente, el Pleno acordó la suspensión por siete meses con diez votos a favor y nueve en contra. Estos últimos proponían que fuera sancionada con dos años de suspensión en vez de con siete meses.
Esto significa que la juez de la vigilancia penitenciaria número 2 de Madrid pierde su destino y deberá optar, una vez cumplida esta sanción, a una nueva vacante.