El 16 de abril de 2002, la Generalidad de Cataluña aprobó un Decreto para la creación del Consejo de Justicia de Cataluña con el fin de impulsar líneas de actuación para la mejora de la Administración de Justicia en Cataluña, entre otras funciones.
El Consejo General del Poder Judicial alertó de que varios aspectos del Decreto suponían una extralimitación de las competencias de esa Comunidad Autónoma.
Tras la aprobación del Decreto, el Gobierno pidió a la Generalidad que modificase su norma por no ser competente para regular esos aspectos concretos. Ahora, Jordi Pujol, ha accedido renunciando a algunos de sus postulados y evitando un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional.
Así, el Consejo de Justicia de Cataluña quedará configurado como un foro de análisis sobre la Administración de Justicia en Cataluña que podrá emitir propuestas de actuación, pero en ningún caso como un poder judicial autónomo.
Además, el Consejo de Justicia de Cataluña no podrá emitir informes técnicos propios que afecten a las funciones atribuidas constitucionalmente al Consejo General del Poder Judicial.
