EL RESPETO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Las últimas declaraciones del actual Presidente del Tribunal Constitucional acerca del carácter histórico de todas o algunas de las Comunidades Autónomas, y también de la posible ilegalización de Batasuna, realizadas al margen del ejercicio de sus funciones como magistrado, opinan los autores que comprometen la imparcialidad y la dignidad de la institución.
El deber de imparcialidad se extiende a toda la actividad profesional de los magistrados y consideran en este sentido los catedráticos que cualquier desliz que pueda producirse en este terreno compromete la visión institucional del Tribunal Constitucional, órgano que, por su propia naturaleza, ha de ocupar una permanente posición de arbitrio institucional.
Consideran Enoch Albertí, Marc Carrillo, Luis María Díez-Picazo, Rafael Jiménez y Alejandro Saiz que con manifestaciones como las realizadas en los últimos días por Manuel Jiménez de Parga la imparcialidad del Tribunal Constitucional queda cuestionada.
Y ello, porque entienden que la forma en la que Manuel Jiménez de Parga ejerce su propia libertad de expresión olvidando su deber de reserva respecto de cualquier cuestión ajena al debate en sede jurisdiccional puede erosionar la confianza ciudadana y de las instituciones del Estado en el Tribunal Constitucional.
Recuerdan los catedráticos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia viene siendo acogida ampliamente por el Tribunal Constitucional español, tiene ya aclarado desde hace más de veinte años que la justicia no debe ser sólo imparcial sino además aparentar que lo es.
Y, en base a esto, entienden los autores de este artículo que el contenido y el tono empleado por Manuel Jiménez de Parga en sus últimas declaraciones sobre la distinción entre nacionalidades y regiones en la Constitución, así como las relativas al caso Batasuna, comprometen la necesaria imagen de imparcialidad del alto tribunal.
Lo peor que puede ocurrirle al Tribunal Constitucional, según estos catedráticos, es que su imparcialidad pueda verse cuestionada en un ámbito tan sensible como es el que concierne a las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Finalizan los catedráticos afirmando que el Presidente del Tribunal Constitucional no puede comprometer con sus opiniones la dignidad de la institución que preside, la credibilidad y legitimidad de la misma, así como tampoco su imparcialidad.
En este sentido, no consideran deseable los autores de este artículo que como consecuencia de esas reiteradas y poco afortunadas declaraciones, el Tribunal se vea en un futuro en la tesitura de resolver sucesivos y permanentes incidentes de recusación.
