Los territorios del Alto Pirineo y Aran constituyen una unidad territorial con una especificidad propia y por ello es necesario establecer políticas sectoriales diferenciadas que garanticen plenamente la igualdad de oportunidades de sus habitantes.
La finalidad de la Ley 28/2002 es fomentar la proyección y desarrollo integral de estas comarcas con vistas a alcanzar un crecimiento sostenible y territorialmente equilibrado.
La Ley se basa en el principio de promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico y el principio de protección y mejora del medio ambiente y la calidad de vida.
La Ley 28/2002 crea una entidad funcional capaz de impulsar la participación real de sus habitantes y sus instituciones en la información, estudio y elaboración de propuestas y proyectos sobre cuestiones que los afectan, como el aprovechamiento de recursos y la planificación territorial.
Con la creación por la Ley del Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Aran se pretende que cada Administración programe y ejecute en el ámbito respectivo, detecte mejor las necesidades y se encargue del estudio, el fomento y la ejecución de las actividades encaminadas al desarrollo integral de dichas comarcas.
