Las encuestas y estudios de opinión son instrumentos habituales de análisis, el cual, deviene necesario para el conocimiento de la realidad social que debe orientar la acción de Gobierno y la actividad de la Administración Pública.
El Decreto 334/2002 establece que la homologación de las empresas que elaboran las encuestas y los estudios de opinión se hará de acuerdo con la normativa aplicable en materia de contratación pública.
Por otro lado, el Decreto autonómico prevé que el órgano responsable del Registro público de encuestas y estudios de opinión los tendrá que entregar al Parlamento y al Instituto de Estadística de Cataluña.
