El compromiso sobre responsabilidad parental alcanzado por los Ministros de Justicia de la Unión Europea prevé que el Tribunal del país miembro, al que ha sido llevado el niño por uno de sus padres, emita una orden de retorno o no retorno en un plazo máximo de seis semanas, salvo circunstancias excepcionales que lo hagan imposible.
Esta orden será cautelar y deberá ser comunicada en el plazo máximo de un mes al juez del país de origen, y después se abrirá un plazo de tres meses para que esta Corte adopte la decisión definitiva sobre la custodia del menor.
La sentencia deberá ser acatada inmediatamente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea en aplicación del reconocimiento mutuo de sentencias.
Con este pacto, los Quince intentan poner coto al secuestro de los niños por uno sus progenitores separados o divorciados que viven en diferentes países de la Unión Europea y garantizar los derechos de los padres.
