Las características peculiares de internet convierten a los delincuentes de la red en los más difíciles de perseguir por la autoridades. Entre las dificultades con las que se encuentra la Administración de Justicia está la de determinar el lugar donde se debe llevar a cabo el proceso contra el ciberdelincuente: en la zona en la que se haya realizado la acción delictiva o en aquella en la que se ha producido el daño.
Además, la doctrina ha optado por una tercera solución que consiste en considerar a las autoridades judiciales de estos dos lugares competentes para juzgar al ciberdelincuente.
Los expertos recomiendan que se amplíe la competencia de las jurisdicciones estatales para el conocimiento de litigios transnacionales. Aunque estos esfuerzos no serán suficientes a no ser que se articulen a través de la cooperación internacional.
Otra dificultad es que como las actividades irregulares en la red pueden ser muy diferentes es posible que algunas realmente merezcan un juicio penal y otras sólo una sanción administrativa.
