La nueva regulación supone un avance fundamental para conseguir, en un mercado de transporte liberalizado, una competencia transparente y unos niveles de seguridad adecuados.
Trata de dar cumplimiento a las exigencias de perseguir prácticas anticompetitivas y contrarias a la seguridad, como excesos de peso, excesos en los tiempos de conducción o abusos en la carga y descarga.
Asimismo, mediante la nueva norma se da respuesta a la necesidad de regular nuevos tipos infractores para garantizar el cumplimiento de exigencias de seguridad tales como el tacógrafo digital o los consejeros de seguridad.
Los objetivos de la nueva regulación son reforzar los mecanismos del mercado de transportes, reforzar los mecanismos de inspección y control y mejorar la coordinación entre los distintos Departamentos de la Administración cuyas competencias afectan al ejercicio de la actividad de transporte.
El Proyecto regula las condiciones de participación de los conductores de vehículos pesados en la realización de las operaciones de carga y descarga de los vehículos y actualiza los límites de responsabilidad de los transportistas para los supuestos de que la mercancía transportada o los equipajes sufran daños durante el transporte.
Asimismo, amplía el ámbito de actuación de las Juntas Arbitrales del Transporte, adecua el derecho de los extranjeros a ejercer la actividad de transportista en nuestro país y establece la capacidad del Gobierno para regular las condiciones de seguridad en relación con la realización de determinadas clases de transporte de especial repercusión.
