La entrada en vigor de la Ley Financiera, prevista para principios de noviembre, obligará a las auditoras a adaptar sus estructuras a las normas de independencia, lo que exigirá limitar el asesoramiento a clientes auditados en consultoría informática, control interno y recursos humanos.
La Ley impondrá la rotación cada siete años del socio y equipo responsables de la revisión. A ello se sumarán un estricto régimen sancionador y el pago de una tasa al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El sector considera que la nueva regulación limitará el desarrollo del negocio y exigirá un aumento de precios derivado del pago de la tasa y la subida de las pólizas de seguro, como consecuencia de los escándalos empresariales y el aumento de las sanciones.
