Este grupo de consejeros considera que el Pleno debe nombrar una Comisión de cuatro vocales para coordinarse con el resto de organismos implicados en la cuestión.
Proponen realizar un estudio de los medios materiales y humanos que precisan los distintos partidos judiciales para aplicar la Ley de juicios rápidos, y analizar el impacto de los nuevos procedimientos en los servicios de guardia.
