La medida se encuadra dentro de un plan de lucha contra el robo de móviles, un fenómeno creciente que, sólo el pasado año, alcanzó los 200.000 terminales en España y se calcula que en el presente ejercicio se superará esta cifra.
Las compañías que operan en España han combatido este delito hasta ahora con meras campañas informativas que han resultado ineficaces. Por eso, las autoridades han decidido poner en marcha un plan de choque con la coordinación de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Interior y Justicia.
La medida más innovadora es la inclusión en el Código Penal de dos nuevos artículos que tipifiquen específicamente el uso del móvil robado como delito, de forma similar a la legislación particular que existe para los automóviles.
El vigente Código Penal sólo castiga con pena de multa en su artículo 256 al que “hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, ocasionando a éste un perjuicio superior a 50.000 pesetas”.
Igualmente, el artículo 623 del mismo Código castiga con arresto de dos a seis fines de semana o multa a “los que cometan estafa, apropiación indebida o defraudación de electricidad, gas, agua u otro elemento, energía o fluido, o en equipos terminales de telecomunicación, en cuantía no superior a 50.000 pesetas”.
Para perseguir el nuevo delito se cuenta con el número de identificación único del terminal con estándar mundial que consta de 15 dígitos y que es distinto para cada terminal. Precisamente otras de las modificaciones del Código Penal será la tipificación como delito de la falsificación de dicho número.
El Ministerio de Interior va a crear una lista con los números de los terminales robados. Esta lista se actualizará permanentemente a medida que se reciban las denuncias y las compañías cortarán el acceso a la red cuando se haga una llamada desde el terminal robado, inutilizándolo completamente.