Entre ellas, destaca la solicitud que la ponencia hace al Gobierno basada en que éste asuma los costes de la defensa jurídica de los presos y que emplace más personal en los consulados.
En este documento, el Senado pide al Ejecutivo que incremente la partida presupuestaria, con el fin de proporcionar asistencia jurídica a los españoles encarcelados en países tercermundistas que no cuentan con defensas de oficio para los ciudadanos procesados.
La ponencia solicita que se agrupe a los presos españoles en lugares más próximos a los consulados y que se destinen más personas y fondos a estas instituciones con el fin de que no se vean sobrepasadas por el número de reclusos.
