Aunque todos consideran positivas medidas como los juicios rápidos o la ampliación de la pena de alejamiento, en conjunto consideran las medidas de política criminal como anticuadas y prevén la saturación de las prisiones.
El Ministerio de Justicia ha desvelado una parte de la reforma del Código Penal, que se lleva proyectando desde noviembre de 2000, y que ha sido ampliamente criticada por diferentes catedráticos de Derecho Penal.
Entre otras cosas, critican que con la reforma los condenados a penas superiores a cinco años no podrán acceder al tercer grado de tratamiento hasta el cumplimiento de la mitad de la pena.
Además, estos catedráticos reprochan la sustitución para determinados delitos del arresto de fin de semana por la posibilidad de imponer penas de cárcel de tres a seis meses.
También están en desacuerdo en que la habitualidad en la comisión de hechos que aisladamente sean constitutivos de determinadas faltas se repute delito.
En resumen, estos expertos en Derecho Penal consideran que la reforma obedece a la concepción de que la delincuencia se soluciona cambiando el Código Penal, con más castigo y menos reinserción y que las medidas que afectan al tercer grado y a la libertad condicional tratan de limitar la potestad de los jueces.
