Si la propuesta se lleva a cabo implicaría permitir a los Gobiernos acceder, a través de las compañías de telecomunicaciones, a datos sobre las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de los europeos.
La propuesta pretende dotar a la Unión Europea de un marco reglamentario común para la vigilancia de datos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Esto supone obligar a las empresas de telecomunicaciones a retener datos sobre sus clientes, como los números de teléfono a los que llaman o las direcciones electrónicas a las que escriben.
Esta información pasaría a sistemas de almacenamiento, donde permanecería entre uno y dos años, accesible a las Administraciones públicas. Entre los datos almacenados, se incluiría información relativa al origen, el destino y el momento en el que se produce una comunicación, así como datos personales del cliente de la compañía.
Además, los Estados miembros podrían pedirse e intercambiarse datos pertinentes para las investigaciones que realicen a escala nacional. Eso sí, el acceso a esa información estaría restringido a la investigación policial.
La Comisión Europea ha recordado que sólo se trata de una propuesta que, en cualquier caso, no será adoptada hasta dentro de varios meses. Al tratarse de un acuerdo marco, podría ser aprobado sin contar con el visto bueno de la Comisión o del Parlamento Europeo.
El director de la Agencia de Protección de Datos, don Juan Manuel Fernández, afirma que guardar información sobre correos electrónicos o llamadas de teléfono supondría una restricción de los principios de protección de datos y requeriría garantías y control judicial.