El texto trata de demostrar que van en contra de la Constitución varios elementos de la norma, pero sobre todo la eliminación de los salarios de tramitación y la exclusión del subsidio agrario de los nuevos trabajadores, y que se haya hecho por Decreto-Ley una reforma sin que existan razones de urgencia para ello.
La cuestión de fondo que plantea el recurso es la forma en que se ha llevado a cabo la reforma. Porque ni la situación económica ni las cifras de desempleo justifican la urgente necesidad para llevar adelante la reforma, a través de un Decreto-Ley. En base a esto el recurso presentado cita diversas Sentencias del Tribunal Constitucional en las que se aclara que el Decreto-Ley sólo se puede usar en “coyunturas económicas problemáticas”.
El texto se opone además a la supresión de los salarios de tramitación, es decir, las mensualidades que se dejan de percibir mientras que la Justicia estudia si un despido es improcedente, aspecto que facilita el abaratamiento del despido, ya que limita el cobro de estos salarios a los casos en los que el Juez obligue a la readmisión del trabajador.
El tercer motivo de inconstitucionalidad en el que se basa el recurso es la discriminación de los trabajadores agrarios a quienes la reforma prohíbe contratar a familiares en caso de que no pueda probarse la relación laboral.
Con el recurso, que consta de treinta y ocho páginas, se solicita al Tribunal Constitucional el amparo de los derechos sociales de los españoles. Esta demanda se suma a los recursos ya presentados este verano por algunas Comunidades Autónomas como Asturias o Extremadura, y por el Juez titular del Juzgado de lo Social número 2 de Badajoz.
