Por un lado, la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de vivienda, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 148.1.3 de la Constitución Española.
Y por otro, la Ley 1/1993, de 14 de enero, por la que se reordenan las funciones y organización del Instituto de la Vivienda de Madrid, establece que éste Organismo es el encargado de la gestión de la política de vivienda y la ejecución de los planes y programas que establezca la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
El Instituto de la Vivienda de Madrid tiene atribuida la función de la promoción y rehabilitación pública de vivienda y su edificación complementaria y equipamiento, así como la adquisición de éstas en ejecución o terminadas para su adscripción a los programas del Organismo.
El Decreto 133/2002 establece un procedimiento simplificado para la calificación definitiva de las viviendas promovidas por el Instituto de la Vivienda de Madrid.
Además, determina que dicho procedimiento podrá ser aplicado también a las promociones del Instituto de la Vivienda de Madrid ya terminadas pero todavía pendientes de calificar.
En este sentido, puede otorgarse eficacia retroactiva a la calificación respecto al momento de terminación de las obras o de entrega de las viviendas por resultar la retroactividad en tales supuestos favorable a los interesados y conforme con el ordenamiento jurídico.
El objeto del Decreto 133/2002 es establecer un procedimiento simplificado para la calificación legal de las viviendas promovidas por el Instituto de la Vivienda de Madrid al amparo de algún régimen de protección.
Tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y la Ley 1/1993, de 14 de enero, que reordena las funciones y organización del Instituto de la Vivienda de Madrid pueden consultarse, respectivamente, en los Libros Primero y Segundo del Repertorio de Legislación Vigente de Iustel.
