MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
En un comunicado el sindicato ha informado que ha dirigido una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para denunciar que "ante la falta de datos", parece que se están tomando decisiones en el ámbito judicial "a espaldas de los legítimos representantes de los trabajadores". En este sentido, se quejan de conocer el contenido del acuerdo alcanzado entre Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el refuerzo de los juzgados especializados a través de notas de prensa o "revisando el diario de sesiones del Congreso".
Las medidas de refuerzo se concretarán en función del ingreso de asuntos y de las circunstancias del ámbito territorial, de modo que en aquellos lugares donde la carga de trabajo sea más elevada se adscribirán al Juzgado tantas 'unidades' de Juez de Adscripción Territorial (JAT), letrado de la Administración de Justicia --antes secretarios judiciales-- y funcionarios como sean necesarios, constituyendo un 'Juzgado bis'.
REFUERZO DE MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS
En este sentido, CSIF considera que se deben reforzar tanto los medios "materiales" como "humanos" y, sobre todo, negociar las condiciones laborales del personal de los funcionarios de los órganos judiciales que se verán "afectados" con el previsible aumento de los litigios relacionados con las cláusulas suelo tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece que la anulación de los contratos hipotecarios debe aplicarse de forma retroactiva.
A juicio del sindicato, son el Ministerio y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas con las que se debe negociar "de inmediato" la forma en la que se van a implantar los juzgados especializado, así como su duración, para poder "estar preparados en relación con la planificación de medios materiales, técnicos (incluido los informáticos) y personales necesarios".
El sindicato de trabajadores pide además la puesta en marcha de un "plan de formación e información" para los funcionarios sobre el reparto de asuntos, la tramitación de los procedimientos o los requisitos de admisión de la demanda.
