El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el Gobierno de Cantabria contra los autos del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) del año 2016 que acordaban continuar la ejecución de las sentencias de derribo de las urbanizaciones Pueblo de Mar y Las Llamas, ambas en Argoños, lo que supone la reactivación de procesos de demolición cuyas sentencias datan, en estos dos casos concretos, del año 2000.

También admite las de Clara Ponsatí y Lluís Puig por estar tramitándose las órdenes europeas de detención

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 25 de abril una vista pública para revisar la condena de dos años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta del 9 de noviembre de 2014, además de las condenas a la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau.

La Unión Internacional de Magistrados ha condenado este martes las amenazas dirigidas contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa que investiga el proceso independentista en Cataluña, y ha pedido respeto al trabajo de jueces y magistrados.

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena a diecinueve años y medio de cárcel impuesta a un exprofesor del colegio San Buenaventura de la capital, situado en el distrito de Latina, por abusar de cinco menores entre el 2011 y 2013.

Era la española más buscada por la Europol y sobre ella pesaban tres órdenes de búsqueda por blanqueo y tráfico de drogas

Foto: Cuatro de los acusados por el caso Minser: Canyellas, Salom, Ribas y Escuer

Canyellas, condenada a un año y tres meses de cárcel, y Antonio Salom, a un año

Foto: Francisco Correa a su llegada al juicio por Gürtel

El empresario Francisco Correa, considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel, seguirá en prisión provisional tras denegarle el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que le condenó a 13 años de prisión por la pieza de Gürtel correspondiente a las adjudicaciones irregulares en la feria Fitur, la libertad.

La sección décima de la Audiencia de Alicante ha estimado parcialmente el recurso presentado por la abogacía de la Generalitat contra el auto del Juzgado número 9 que el pasado mayo acordó el sobreseimiento por prescripción de la causa que investigaba un supuesto fraude en subvenciones y financiación del gobierno valenciano a la patronal alicantina COEPA --ya liquidada-- para construir un centro de formación en Alicante.

La Audiencia de Valladolid ha condenado a cinco meses de cárcel al propietario y administrador de la empresa 'Sanpritrans SLU', R.S.C, por un delito de estafa relacionado con un pedido de 14.000 litros de gasóleo efectuado en julio de 2008 a nombre de una empresa que no había solicitado el combustible y se quedó con el carburante para sacar un rendimiento económico del mismo.

El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que acuerda la anulación de la compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital que se produjo a mediados de 2016.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “Desestructuración laboral y protección penal del empleo. Una hipótesis de razón punitiva en el postfordismo” que propone una hipótesis de trabajo para desarrollar una tipología delictiva que, en el marco de la organización laboral postfordista, pueda garantizar una base mínima de estabilidad en el empleo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4752-2017, contra diversos artículos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial (BOE de 28 de marzo de 2018). Texto completo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5425-2017, contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana (BOE de 28 de marzo de 2018). Texto completo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5659-2017, contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de la Asamblea de Extremadura, de 17 de febrero, de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura (BOE de 28 de marzo de 2018). Texto completo.

Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el que se regulan los senderos de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 27 de marzo de 2018). Texto completo.

El día 28 de febrero de 2018 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Alejandro del Valle e Ignacio Molina en el cual los autores opinan que el Brexit abre una oportunidad para resolver la controversia histórica sobre el Peñón y convertirlo en eje del futuro estratégico de toda la bahía de Algeciras y en símbolo de la amistad hispano-británica.

El día 28 de marzo de 2018, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Antonio Vercher Noguera, en el cual el autor considera que es fácilmente verificable el hecho de que medio ambiente casa muy mal con las ideas separatistas por las que tan enconadamente se está debatiendo en Cataluña.

El Congreso sobre “Traslado de domicilio y reestructuración empresarial” organizado por el Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario de la UCM se celebrará en el Salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid los días 26 y 27 de abril de 2018.

Los días 12 y 13 de abril de 2018 tendrá lugar, en Santander, el XVII Curso de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Sala se pronuncia sobre el alcance del art. 79 de la LMV, que dispone que las entidades que prestan servicios de inversión están obligadas a comportarse y actuar “con diligencia y transparencia en interés de sus clientes”, en relación con el régimen de incentivos regulado en el art. 59 del RD 217/2008.

Examina la Sala en el presente caso si, no existiendo pacto sobre la retribución a percibir por el procurador de sus clientes, se impone la aplicación del Arancel o cabe que el tribunal valore según su criterio si la cuantía derivada del mismo resulta excesiva y aplique por ello la que considere oportuno. La sentencia que se impugna consideró que como no se pactó la cantidad a percibir, habría que acudir a una valoración pericial de los servicios cuando ha sido el legislador el que ha precisado la cuantía correspondiente a los mismos.