SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
Según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, ambos colectivos profesionales llevan años demandando a la Junta de Andalucía contar con una entidad de Derecho Público para "defender sus intereses y velar por la calidad de los servicios que prestan y la ética en el ejercicio de su actividad", como en otras comunidades autónomas, si bien la normativa autonómica dificultaba su creación.
Mediante a la simplificación administrativa abordada por el Gobierno andaluz, en esta legislatura ya se ha aprobado la ley para crear el Colegio Oficial de Criminología de Andalucía y se está tramitando el de Guías Turísticos. En el caso del Colegio de Detectives Privados, el Consejo de Gobierno inició la tramitación del anteproyecto de Ley en diciembre de 2024 a petición de la Asociación de Detectives Privados de Andalucía, que aglutina a unos 200 investigadores. El colectivo ya había solicitado varias veces la creación de un colegio profesional, como ya existe en otras comunidades autónomas como Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana.
La ley andaluza que regula los Colegios Profesionales sólo permitía constituir este tipo de entidades en aquellas actividades que contarán con una titulación universitaria oficial para su ejercicio. El actual Gobierno andaluz abrió la posibilidad a profesiones que, sin contar con tal titulación, sí están reguladas y requieren una habilitación administrativa para ejercerla.
En el caso de los investigadores privados, para ejercer deben contar con la habilitación expresa del Ministerio del Interior y una Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) que expide la Dirección General de la Policía.
Además, la Junta ha indicado que varias universidades públicas andaluzas imparten diplomas, másteres, cursos u otros títulos reconocidos por el Ministerio del Interior como habilitantes para ejercer esta actividad. Alrededor del 25% de los 2.000 profesionales con licencia para ejercer que hay en España son andaluces y la comunidad alberga más de 200 despachos de detectives de los casi 1.200 existentes.
En contexto, ha señalado que los profesionales andaluces se encontraban en "una situación de indefensión al no poder tener una entidad que defendiera sus legítimos intereses profesionales y muchos de ellos se colegiaban en otros territorios".
Por su parte, en el caso del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía, el Consejo de Gobierno inició la tramitación del anteproyecto de Ley en febrero de 2025 a petición de la Asociación Pro-Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía, que aportó una relación de 381 profesionales que apoyaban la iniciativa.
Este colectivo desempeña un papel fundamental en la promoción de una educación inclusiva, de calidad y enfocada en el desarrollo integral de los estudiantes, si bien también ejercen una importante labor como peritos judiciales y en el ámbito sanitario para el diagnóstico educativo y terapéutico.
Los profesionales de la Pedagogía y la Psicopedagogía de Andalucía demandaban una entidad de Derecho Público propia desde que los estudios para ejercer esta actividad se separaron de los de Filosofía y Letras.
En Andalucía, se imparte el Grado de Pedagogía en las universidades públicas de Granada, Málaga y Sevilla, con más de 4.300 egresados en los últimos cinco años. Hasta ahora, se les había denegado y los que querían colegiarse debían inscribirse en los colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.
El cuarto decreto de simplificación administrativa aprobado por la Junta de Andalucía en 2024 facilita la creación de nuevos colegios por segregación de otros ya existentes cuando se trate de profesiones o de titulaciones con autonomía propia.
Al amparo de esta modificación normativa, el colectivo solicitó de nuevo a la Junta de Andalucía la creación de un Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía que ya existe en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Canarias, además del Consejo General de Pedagogos y Psicopedagogos de España, donde hasta ahora los profesionales andaluces no cuentan con una representación específica. En ambos casos la colegiación será voluntaria y no obligatoria para realizar esta actividad.
Para la Junta, los colegios profesionales suponen "una garantía de calidad del servicio que prestan quienes ejercen una actividad y un mejor control en sus actuaciones", garantizando el ejercicio de la profesión ajustado a las normas y reglas que aseguren la eficacia y la eventual responsabilidad en el ejercicio.
Así, según ha explicado, fortalecen la interlocución con los poderes públicos y evitarán que detectives privados, pedagogos y psicopedagogos andaluces se marchen a ejercer su actividad a otros territorios donde sí cuentan con entidades que los representen, contribuyendo a la economía andaluza al generar empleo, mejorar el mercado de trabajo y la naturaleza de los servicios prestados.
Los dos proyectos de Ley fijan los plazos para que, una vez que sean aprobados en el Parlamento de Andalucía, se constituyan los órganos de dirección y se doten de los estatutos que regularán la entidad y deberán ser remitidos a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para su publicación e inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
