MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
"El intimidar aprende a maltratar, a sentirse bien. Si no se actúa a tiempo, si no reciben estas personas rápidas y enérgicas valoraciones negativas a esta conducta y respuestas firmes de que no van a quedar impunes o incluso que se puedan ver 'recompensados' por un cierto reconocimiento en el ámbito en el que actúan", ha señalado Fernández.
Así lo ha manifestado este lunes el presidente de la Audiencia Nacional durante las jornadas 'Acabemos con el bullying: Respuestas al acoso por discapacidad', organizadas en el Congreso de los Diputados por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD).
El comportamiento agresivo de los acosadores puede derivar, según ha alertado Fernández, "en una forma habitual de conducta que haga de la dominación una nota distintiva en sus relaciones personales".
Por ello, ha defendido que su erradicación "es un imperativo que deriva de la protección de los derechos humanos en una sociedad democrática regida por el Estado de Derecho".
Frente a esto, ha explicado que hay una primera actuación, que es la que debe desarrollarse en el ámbito educativo, y para ello son, en sus palabras, "muy importantes los protocolos de actuación frente al acoso". "Los maestros lo tienen. Sin embargo, a pesar de que la mayoría lo tienen, la percepción familiar no es del todo buena, ya que muchas familias consideran que estos protocolos no son suficientes", ha asegurado.
El presidente de la Audiencia Nacional ha hecho mención también a cómo la gravedad del acoso escolar "se ha visto especialmente aumentada con las nuevas tecnologías", ya que el bullying también se produce en Internet, "especialmente en aplicaciones como Telegram o Whatsapp".
"Todos los delitos que se cometen a través de estos medios están sufriendo un incremento exponencial", ha avisado Fernández, quien ha destacado la necesidad de establecer diversas medidas como controles parentales y "sanciones más severas", ante unos actos que "son devastadores" y el "precoz" consumo de material pornográfico o el acceso a contenido de personas que incitan a conductas autolíticas o de grave riesgo para la salud".
El presidente de la Audiencia Nacional ha recordado que el derecho penal, "que es el arma más poderosa" del Estado, se pone en marcha cuando otros mecanismos u otras formas de respuesta "han resultado insuficientes o no son las adecuadas".
Así, ha incidido en que en el primer nivel en la lucha contra el acoso escolar "ha de estar liderado por quienes tienen responsabilidades en el ámbito educativo": "Son los primeros obligados a la actuación".
También ha apuntado que la responsabilidad penal de los menores sólo es exigible a partir de los catorce años, no por debajo de ese límite, y ha recalcado que "son muchos" los supuestos en los que los victimarios son menores de esa edad. A diferencia de lo que ocurre en la justicia adulta, la instrucción está encomendada a los fiscales, no a los jueces, a quienes se atribuye el enjuiciamiento.
"Quiero dejar claro, porque a veces se oye 'sí, se fue al juzgado pero allí se archivó', que es fundamental evitar falsas apreciaciones de impunidad. Es necesario transmitir al victimario el mensaje claro y nítido de que cualquier otro rebrote será objeto de una respuesta de mayor intensidad y, al mismo tiempo, que ese archivo venga condicionado por una petición de perdón, por algún tipo de reparación moral", ha comentado Fernández.
UN PLAN ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
En su intervención, la directora general de Planificación y Gestión Educativa, Susana Tejadillos, ha subrayado que desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes están trabajando en la elaboración de un plan estratégico de educación inclusiva, "que está siendo el fruto de las aportaciones de muchos sectores implicados".
"No podemos tolerar que la discapacidad, que debe ser un factor de diversidad y enriquecimiento social, se convierta en una etiqueta para el aislamiento o la burla. La pasividad ante el acoso es una forma de complicidad. Por ello, nuestra respuesta debe ser contundente y coordinada", ha zanjado.
Tejadillos ha afirmado que desde el Ministerio que lidera Pilar Alegría asumen con "plena responsabilidad" el deber de garantizar que los centros educativos "sean auténticos espacios de respeto, de convivencia y de seguridad para todo el alumnado".
Por su parte, el presidente del CEDDD, Albert Campabadal, ha recordado que en el año 2022 alertaron de "una realidad muy dolorosa" respecto al acoso escolar que sufre el alumnado con discapacidad: "Hoy, tres años después, la situación no ha mejorado".
"Los estudios que presentamos anteriormente reflejaron una cifra escalofriante que no podemos ni debemos tolerar. El 90% de los niños con algún tipo de discapacidad sufren bullying en la escuela ordinaria. Esta no es una estadística abstracta que podamos ignorar. La inclusión es un derecho, no es una opción, y para detener esta auténtica lacra, las medidas actuales no son suficientes. Necesitamos medidas extras y transversales", ha exigido Campabadal.
