SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Además, se incrementan las sanciones y se concede a los vigilantes de carreteras la condición de agentes de autoridad para que puedan abrir expedientes sancionadores, al tiempo que se regulan asuntos como la publicidad, que se hace "menos restrictiva"; la autorización de cultivos, plantaciones y movimientos de tierras; los tendidos eléctricos; y la celebración de pruebas y eventos.
También se establece una mayor claridad en la clasificación, catalogación e información de las carreteras de Cantabria, y mayor concreción de los procedimientos de entrega y cesión de tramos de carretera entre administraciones y de colaboración entre ellas.
Con todo, el objetivo de la futura Ley de Carreteras de Cantabria es actualizar la que está en vigor, que data de 1996 y ha quedado "obsoleta en muchos de sus artículos", tal y como ha señalado este martes el consejero de Fomento, Roberto Media, en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Gobierno para presentar las novedades que recoge el anteproyecto.
Tras publicarse en el BOC, se inicia un periodo de audiencia e información pública para recabar las opiniones de los interesados y posteriormente comenzar la tramitación parlamentaria, en la que Media espera poder lograr el consenso necesario para su aprobación "lo antes posible", pues es una ley "muy necesaria" para avanzar en cuestiones de simplificación administrativa que "ahora mismo no funcionan como tienen que funcionar". "Para que se hagan una idea tenemos algo más de 500 expedientes que tardan un montón de meses con todas las autorizaciones de carreteras", ha expuesto.
En paralelo, ha defendido que todos los cambios introducidos permitirán mejorar la planificación y construcción de la red de carreteras de Cantabria.
SANCIONES
Otra de las novedades destacadas se da en las sanciones e infracciones. En esta normativa se sigue considerando que una infracción es leve cuando no afecta a la seguridad vial y es posible su legalización. Sin embargo, todas las que afectan a la seguridad vial serán graves o muy graves dependiendo de la zona donde se cometan.
Las leves irán de los 300 a los 1.500 euros, las graves entre 1.501 y 15.000 euros y las muy graves entre 15.001 y 120.000 euros.
Además, se han definido nuevos criterios para graduar e incrementar las sanciones, en los que se tendrán en cuenta los daños y perjuicios producidos, el riesgo creado, la intencionalidad o el valor de los daños ocasionados, etcétera. Se prevén reducciones de hasta el 40% del importe si el presunto infractor asume la responsabilidad y el pago anticipado.
El plazo de prescripción de las infracciones pasa a ser de un año para las leves, tres años para las graves y seis años para las muy graves.
