LA DEMOCRACIA DESDE LA ABOGACÍA
Cada 15 de septiembre se reflexiona sobre el valor de la democracia. Desde la abogacía, la democracia adquiere un significado especial, sin un Estado de derecho sólido, los principios democráticos se debilitan y sin abogacía, el Estado de derecho pierde eficacia real. Recordemos hoy, en interés de la democracia internacional, la Declaración Universal de la Democracia (UIP, 15 de septiembre de 1997, El Cairo) que instó a los Estados que “deben cuidar de que su conducta se ajuste al derecho internacional, abstenerse del recurso a la amenaza o el empleo de la fuerza y de cualquier conducta que ponga en peligro o viole la soberanía y la integridad políticas y territoriales de otros Estados, adoptando las medidas necesarias para resolver sus diferencias por medios pacíficos”.
Nunca hemos alcanzado un desarrollo social, político y económico como el actual. No obstante, vemos que aún queda mucho camino por recorrer, en el marco de un contexto en el que continúa siendo necesario apelar al compromiso para el fortalecimiento del Estado de derecho. Hoy constatamos la polarización o la desinformación, el descrédito institucional y el avance de discursos de odio capaces de poner en riesgo derechos tan importantes como el de la participación política o el del acceso a una información veraz. Algo que pudiera resultar paradójico, teniendo en cuenta que vivimos en la Sociedad de la información y que estamos más interconectados que nunca.
Frente a esta panorámica, la abogacía tiene la responsabilidad de mantener su independencia, reforzar la ética profesional y recordar que su lealtad primera es con la Justicia y con los ciudadanos. Es labor de la abogacía defender derechos, garantizar el acceso a la Justicia y exigir que las instituciones actúen conforme a la ley, en sí mismo ese es un ejercicio democrático. Allí donde un abogado o abogada levanta la voz para exigir respeto a un derecho fundamental, se está fortaleciendo la democracia.
La ciudadanía espera de sus representantes, por tener derecho a ello, un compromiso serio con la vivienda, la educación o una sanidad pública digna y de calidad. Esperan, porque así lo reconoce el ordenamiento jurídico, un servicio público dotado de recursos para acceder a una tutela judicial efectiva, en la reclamación de sus derechos e intereses legítimos. También, el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a las guerras y a la barbarie.
La abogacía es crucial para evitar que la disparidad de poder económico, político o social se traduzca en desigualdad de derechos. Defender a los más vulnerables no es solo un deber profesional, es una contribución esencial a la vitalidad de la democracia. La defensa de los derechos humanos y de los abusos de poder forman parte del mandato ético de los abogados.
Desde la abogacía aseveramos nuestra convicción de que la democracia solo se fortalece cuando el derecho se aplica con justicia. Deben encontrarse soluciones dialogadas, basadas en el derecho y la palabra, en la cooperación internacional y en el cumplimiento de los tratados internacionales, siendo imprescindible la negociación y la mediación.
En definitiva, la abogacía es mucho más que una profesión, es un pilar indispensable de la democracia.
