MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo por el 'proyecto Saving', en el que habría investigado desde su empresa privada posibles irregularidades en el concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa.
El fiscal César de Rivas ha expuesto en su informe final que Villarejo "aprovechó su condición policial" para ese encargo, por el que la Fiscalía reclama 23 años y 6 meses de cárcel para Villarejo, y 18 años y 9 meses para Redondo.
Ha insistido en que el acusado hacía, "en lo que ha querido denominar su faceta privada, las mismas funciones públicas de investigación de delitos y de captación de información".
De Rivas ha rechazado que la actuación de Villarejo pueda desvincularse "del ejercicio de su cargo", ya que "resultaba absolutamente imposible materialmente deslizar una de otra faceta".
Y ha añadido que "lo único que cambia es el destinatario de su trabajo: en unas ocasiones la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional a la que se encuentra adscrito, en otras ocasiones su cliente mediante el pago del correspondiente precio".
"NO HABLAMOS DE UN JAMÓN"
El representante de la Fiscalía ha señalado que Villarejo "no contaba con ninguna autorización para llevar a cabo actividades privadas coincidentes con las actividades que desarrollaba desde su puesto de comisario en servicio activo al servicio de la DAO".
La actuación de Villarejo "fue contraria a los deberes inherentes a su cargo" y, "desde luego, aprovechó su condición policial para ejecutar el proyecto", ha subrayado.
"Cuando un comisario en servicio activo del Cuerpo Nacional de Policía, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, solicita 500.000 euros a un cliente por llevar a cabo una investigación privada, desde luego que se compromete el buen nombre y el prestigio que debe ostentar la Administración, la recta imparcialidad, cuando el funcionario corrompido se deja llevar por móviles ajenos a su función", ha advertido.
El fiscal ha incidido en el medio millón pagado por el encargo: "No estamos hablando de un jamón, si se me permite la expresión, o de un sobre con 500 euros".
VILLAREJO: "LA LEY DEL MERCADO"
Tras negar Villarejo en su declaración como acusado haber usado recursos de la Policía y acotar el encargo a un trabajo privado para que reconocieran al empresario José Moya el dinero que había invertido en acciones de Martinsa-Fadesa, su defensa ha pedido que sea absuelto porque no fue una "actuación de naturaleza pública".
El abogado ha indicado que no existe "la más mínima prueba", ha tachado la acusación de "construcción artificiosa" y ha sostenido que fue una "actividad puramente privada".
"Lo único evidente es que se intervino en un concurso de acreedores y que se ganó el recurso, que es lo que hace un despacho de abogados", ha dicho en referencia al trabajo del Grupo CENYT de Villarejo.
Sobre los 500.000 euros cobrados, la defensa ha dicho que "puede parecer mucho, pero para recuperar un crédito de 100 millones de euros", que fue lo que invirtió Moya en acciones, "a lo mejor parece muy poco". "Está en la ley del mercado, si el cliente lo puede pagar", ha defendido.
El abogado de Redondo, que ha solicitado también la absolución, ha hecho hincapié en "el beneficio que obtuvo el cliente de reconocerle un crédito que tenía perdido" como "para devengar unos horarios suficientemente importantes". "Se hizo un trabajo que fue brillante", ha expresado.
CONFLICTO POR LAS ACCIONES
Según la Fiscalía, Moya contactó en julio de 2011 a través de terceras personas con Villarejo "cuando se encontraba en servicio activo como comisario" de la Policía para que le ayudara a resolver un conflicto que mantenía con la compañía Martinsa-Fadesa y su entonces presidente, Fernando Martín.
El problema partía, explica, de la adquisición por Moya de acciones de Martinsa-Fadesa por más de 100 millones de euros en 2007 --el 5% de la compañía--, que iba acompañada de un contrato de opción de venta que le permitía recuperar, al menos parcialmente, la inversión y que habrían de ser compradas por Martinsa-Fadesa y su presidente.
Sin embargo, la opción de venta "no pudo hacerse efectiva al declararse el concurso de Martinsa-Fadesa en julio de 2008, sin que, además, por la administración concursal se tuviera conocimiento de dicho contrato, iniciándose entonces el conflicto" de Moya con la compañía y con su presidente, relata en su escrito de acusación, recogido por Europa Press.
Fue entonces, según el fiscal, cuando el accionista habría contratado a Villarejo para encomendarle investigar "posibles irregularidades que sospechaba se habían producido en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa" y cuyo conocimiento podría usar en una eventual negociación para recuperar la inversión.
Según Anticorrupción, ese proyecto "comprendió la obtención de información sobre diferentes personas que habían tenido alguna relación" con esa inversión y con el procedimiento concursal, así como que el resultado de esas pesquisas se plasmó en unos informes.
El fiscal indica que por esos trabajos Moya, a través de Persán SA --empresa de detergentes--, abonó a Grupo CENYT la cantidad total de 501.500 euros en varias transferencias y que los pagos respondieron a facturas emitidas por esa empresa de Villarejo en las que, "con intención de ocultar la naturaleza de la relación comercial", se manipularon los conceptos de los servicios prestados.
