MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha vuelto a pedir al magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga el 'caso Koldo' su puesta en libertad, alegando que su estancia en prisión provisional es "inconstitucional" porque ha superado el plazo legal y "no hay pruebas" en su contra, al tiempo que ha insistido en que es víctima de una "causa general" por su actividad política.
Su defensa, a través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, cree que "debería ser ineludible una decisión que acordase la inmediata libertad" de Cerdán, porque "el crédito que se ha dado, siete meses, para acreditar la hipótesis de corrupción en la más benevolente de las posibilidades, está vencido, no hay pruebas y las actuaciones, salvo acreditación de contrario, están viciadas de vulneraciones de derechos fundamentales".
A su juicio, las actuaciones realizadas "son expresión de cómo se han forzado los instrumentos procesales de forma estratégica para llegar a una determinada conclusión y, por ello, solo queda evitar la continuación de esta grave situación".
La defensa del ex dirigente socialista considera que mantenerlo en prisión provisional "conlleva el riesgo de superar materialmente la duración máxima de la prisión preventiva acordada para asegurar la investigación del presunto delito".
"Como se viene reiterando, ya no nos encontramos en una fase 'inicial' del procedimiento que pueda justificar la adopción de tal medida. Los cuerpos policiales han tenido el tiempo y las oportunidades suficientes para asegurar la debida investigación, sin que quepa, ya, seguir privando de libertad", afirma.
Y sostiene para ello que desde los meses de febrero y marzo, cuando "empezó la sospecha", hasta ahora "han transcurrido los seis meses que el legislador entendió suficientes para culminar una investigación o, por lo menos, para asegurar que el investigado privado provisionalmente de libertad no pueda influir en la misma.
"Podrá compartirse o no esta contundente conclusión, pero es difícil imaginar que pueda aceptarse como legítimo y constitucional en un sistema penal democrático que un ciudadano sea privado de libertad sin una mínima seguridad que esta medida tan drástica está justificada desde la perspectiva penal", añade.
Los abogados de Cerdán avisan de que esta prisión provisional tiene "importantes riesgos, de basarse en pruebas cuyo origen y naturaleza desconocemos, de avalar una hipótesis policial sin indicios que la confirmen, de realizar una investigación judicial sin límites y sin objeto delimitado, de incriminar actividades propias de la participación política y de estar superando la proporcionalidad temporal de la medida de prisión provisional".
"CAUSA GENERAL" POR SU ACTIVIDAD POLÍTICA
En este sentido insisten, por un lado, en que se trata de una "pesquisa general dirigida contra el 'número tres' del principal partido político del Gobierno" porque "no se investiga un hecho delictivo pasado, concreto y delimitado, tal como es propio de la jurisdicción penal, sino que construye una causa general que comprende toda la vida política" de Cerdán "cuyo único objetivo parece ser la de alcanzar a toda costa una conclusión incriminatoria".
"No nos cansaremos de repetir que tanto el atestado de imputación de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) como el auto de prisión provisional vienen a transmutar acciones propias de la vida política del partido que se encuentra en el Gobierno central --con acciones que serían perfectamente equiparables y reproducibles en tantas otras administraciones públicas-- en indicios --o mejor dicho, sospechas-- de criminalidad", subrayan.
Por otro lado, la defensa incide igualmente en que las grabaciones incautadas a Koldo García --ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos--, en las que se basa la imputación de Cerdán, serían "una prueba absolutamente nula", reiterando que, aunque ha negado ser el autor de dichas grabaciones, si lo fuera "es evidente que lo habría hecho bajo la dirección policial".
Sobre esto, y en otro escrito remitido al alto tribunal, los abogados de Cerdán hacen hincapié en la "especial relevancia" de "dilucidar las circunstancias y naturaleza de la investigación para evitar cualquier hipotética desviación de poder de la Policía Judicial que pudiera haber contaminado el "proceso debido", para reclamar a continuación una serie de diligencias relativas a la UCO.
En concreto, piden interrogar como testigos a los agentes de la UCO que elaboraron el informe del pasado 5 de junio que dio lugar a la imputación de Cerdán, así como al guardia civil Rubén Villalba, imputado en la parte del 'caso Koldo' que se investiga en la Audiencia Nacional, al considerar que "actúa de modo concertado" con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
También reclaman que "se requiera a la UCO para que identifique a los aforados que investigan" y se avise al Congreso de los Diputados de que "un número indeterminado de aforados están siendo investigados sin haber sido solicitado el pertinente suplicatorio".
CERDÁN, "UNA PERSONA HONRADA"
"En esta situación, mantener una medida privativa de libertad es un acto extraordinariamente arriesgado", aducen los abogados, recalcando que se trata de una medida basada únicamente en "una sospecha policial" que se ha ido asumiendo en el curso de la investigación.
Así, no dudan en afirmar que Cerdán "es una persona honrada, que vive de su sueldo, que salió de un pueblo de Navarra creyendo que sí existía la posibilidad de ejercer una acción política en libertad y que cada vez más tiene la sensación de que esto se trataba de una ilusión".
"No existe patrimonio alguno que encontrar, no hay chalé, ni fincas de caza. Por mucho que se busque e indague siempre encontrarán al señor Cerdán disfrutando de su ocio en su pueblo", concluyen.
Fue el pasado 30 de junio cuando Cerdán ingresó en la cárcel de Soto del Real (Madrid). El Supremo cree que existe riesgo de destrucción y alteración de pruebas, manipulación de testigos e incluso de que mueva posibles fondos ocultos de la presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Semanas después, la Sala de Apelación rechazó el recurso presentado por el exdirigente socialista contra el auto del magistrado instructor que acordó su prisión provisional, comunicada y sin fianza, por la posible comisión de delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Cerdán también recurrió en amparo al Tribunal Constitucional (TC), cuya Sección Segunda analizará esta semana si admite a trámite su impugnación contra su entrada en prisión provisional.
