MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía insta al Tribunal Constitucional (TC) a revisar el sistema que tiene vigente para apartar a sus magistrados, después de que el pasado septiembre recusara al magistrado conservador José María Macías de las deliberaciones sobre la ley de amnistía porque ya se había pronunciado sobre la norma como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Ministerio Público recoge su propuesta en la Memoria Anual relativa al año 2024, expuesta este viernes por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el acto de apertura del año judicial presidida por el Rey Felipe VI.
El informe admite que la recusación de Macías fue una cuestión "no menos conflictiva" que la propia tramitación de las impugnaciones contra la ley de amnistía, destacando en ese sentido que "fue la primera vez en la historia del Tribunal Constitucional en que el Ministerio Fiscal formuló directamente recusación respecto de uno de sus magistrados".
Justifica que lo hizo porque Macías, "en el ejercicio de su cargo anterior como vocal del Consejo General del Poder Judicial, había participado en la elaboración y aprobación de dos informes de dicho órgano constitucional que contenían pronunciamientos explícitos acerca de la práctica totalidad de las cuestiones suscitadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su auto de planteamiento" de la cuestión de inconstitucionalidad sobre la amnistía.
Y, pese a sostener que había "motivos fundados para subsumir los hechos en los supuestos legales de recusación que se invocaban", aprovecha para insistir "en la probable conveniencia de que el TC --si no el legislador-- revise en profundidad el tratamiento de la recusación aplicada a sus miembros".
"No nos corresponde aportar sugerencias de solución a un problema cuyo diagnóstico excede de nuestra competencia; pero sí observar la erosión que genera en el prestigio del tribunal y de sus miembros un manifiestamente mejorable régimen de abstención y recusación", dice.
EL "PLAN DE CHOQUE" DE CONDE-PUMPIDO
En la Memoria, la Fiscalía del TC alude también al "plan de choque" que puso en marcha el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, para "poner al día cierto retraso en el trámite de admisión de los recursos de amparo".
A su juicio, "el plan ha generado en esta Fiscalía una situación que cabría calificar de incertidumbre evolutiva". "Es difícil, como se explicará más adelante, determinar su incidencia real, sobre todo en las previsiones de futuro", afirma.
Al hilo explica que, si en la Memoria anterior se hablaba de los recursos de amparo del 'caso ERE' como "fuente de alteración organizativa, esta vez "la perturbación principal" han sido una serie de impugnaciones sobre "la prestación social de suspensión del contrato de trabajo para el cuidado de hijos recién nacidos, en el caso de familias monoparentales".
Al margen de los avatares del TC, la Fiscalía ve margen de mejora en la coordinación interna, apuntando al "efecto perturbador que supone que las decisiones adoptadas por este órgano pueden chocar con el sentido de las actuaciones llevadas a cabo por otras unidades del Ministerio Fiscal ante la jurisdicción ordinaria, en inevitable perjuicio del principio de unidad de actuación".
Señala, además, que "aparte de mejorar la coordinación interna, es también importante que el conjunto de la ciudadanía pueda acceder de manera fácil a una información transparente e imparcial acerca de las posiciones y las decisiones que esta Fiscalía adopta en una materia tan sensible como es la protección de los derechos fundamentales o la preservación de los principios y valores que configuran aspectos fundamentales de la convivencia".
La Fiscalía entiende que "eso implica cuidar la relación con los justiciables y la necesidad de una relación correcta con los medios de comunicación, que constituyen la vía de enlace principal con la opinión pública".
