Hoy tendrá lugar en el Tribunal Supremo el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026, presidido por S.M el Rey. En ese acto se presentarán las memorias anuales sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de Justicia, así como la memoria anual sobre la actividad del Ministerio Fiscal. Si uno analiza los discursos pronunciados en las ceremonias de años anteriores, observa que, más allá de algunas novedades, los temas se repiten: la falta de medios, la intensa intervención de los partidos políticos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en la Fiscalía General del Estado y los duros ataques contra jueces desde el entorno político.
En primer lugar, la Justicia española sufre un profundo abandono. España tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea, que está en 22. Esta situación lleva provocando desde hace años un deterioro que se concreta en graves retrasos. A finales de 2024, España tenía más de 4 millones de asuntos pendientes en los juzgados y tribunales, lo que supuso un incremento del 14,2% respecto a 2023. Ocurre año tras año. Sin embargo, nos encontramos con convocatorias exiguas de oposiciones de jueces, que apenas reemplazan las jubilaciones y bajas. No se crean tampoco nuevos órganos judiciales, a pesar de que el CGPJ los viene solicitando reiteradamente.
El Ministerio de Justicia ha propuesto y tramitado ante el Parlamento diversas reformas legales. Una de ellas contempla la creación de los llamados tribunales de la instancia, que sustituyen la estructura tradicional de los juzgados. Incluso aunque a algunos nos parezca que puede ser un modelo positivo, el modo en que la reforma se está acometiendo no lo es: más allá del cambio de los rótulos de “juzgado” por “tribunal de la instancia”, el Ministerio deja a los órganos judiciales a su suerte para implementar la reforma, sin presupuesto y sin normas claras.
Otra propuesta es la de favorecer la mediación obligatoria previa de asuntos judiciales, a través del instrumento de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que está suponiendo en realidad un retraso notable de los procesos y un encarecimiento de los asuntos y, con ello, perjudicando el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Se dice que por fin se va a favorecer un arreglo extrajudicial al conflicto, obviando que los abogados españoles desde siempre venían intentando evitar el pleito con requerimientos previos. Ahora la diferencia es que se va a obligar a ello a través de un trámite lento y costoso, para llegar al mismo lugar. La prueba del recelo ante la reforma es que, justo antes de su entrada en vigor, los despachos de abogados se vaciaron de asuntos, presentándolos precipitadamente ante los juzgados para huir de ella.
En segundo lugar, en este año judicial hemos asistido, una vez más, a un indisimulado propósito de control político de la Justicia. El desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial se consiguió tras un pacto por el que dicho órgano, en un plazo de seis meses desde su renovación, propondría un sistema de elección de los vocales del Consejo por parte de los jueces. Muchos pronosticamos que ese pacto jamás se alcanzaría y lamentablemente acertamos.
Es verdad, y es forzoso reconocerlo, que al menos esta vez no se asistió al bochornoso espectáculo de que el presidente del CGPJ fuera designado realmente por los partidos políticos. No por falta de ganas de estos, sino porque algunos vocales no siguieron la disciplina de partido. Así se designó contra todo pronóstico a la magistrada doña Isabel Perelló, quien ha mantenido una línea de independencia verdaderamente digna de elogio.
En cuanto al funcionamiento del Consejo, se observan más sombras que luces: se ha mantenido, e incluso agravado, una política de nombramientos discrecionales guiada más por la adscripción asociativa de los aspirantes que por los principios de mérito y capacidad. Por otro lado, resulta sorprendente el silencio mantenido por el Consejo, con la excepción de su presidenta, ante los ataques a los jueces que se realizan desde la esfera política, desconociéndose así la principal función del CGPJ: la defensa de la independencia judicial.
Por otro lado, se encuentra en trámite parlamentario un proyecto de ley del Gobierno que pretende modificar el sistema de acceso a la carrera judicial, obviando los principios de mérito y capacidad en que se basa el actual, con el fin de sustituirlos por mecanismos subjetivos de selección, y residenciando la preparación de los opositores en un centro dependiente del Ministerio de Justicia, todo ello con el evidente propósito del control político de la base de la carrera judicial. Además, y so pretexto de una inexistente exigencia europea, se pretende introducir por la puerta de atrás a mil jueces sustitutos sin apenas exigencia de conocimientos. Con el sistema actual, el juez de oposición o el del cuarto turno acceden por un sistema objetivo y riguroso. Eso hace que ese juez no se deba a nada ni a nadie, lo cual supone un peligro para los que intentan controlar políticamente a los jueces. Por eso quieren cambiarlo.
También es muy preocupante la reforma que busca atribuir la instrucción penal a los fiscales. Es algo que sería posible si la estructura de la Fiscalía española no fuera la de una institución hoy más dependiente que nunca del Gobierno a través del fiscal general del Estado. Si se da ese paso, no habrá más investigaciones judiciales de corrupción política del Gobierno y de su mayoría, y la Fiscalía será utilizada por el Gobierno como ariete frente a la oposición.
La pretensión de atribuir la instrucción a los fiscales se agrava además con la intención de dejar la acción popular reducida a la nada, olvidando el importante papel que se le otorga en la Constitución y que ha desempeñado en muchas instrucciones penales (Gürtel, Filesa, Gak y Nóos, por ejemplo).
Por último, un año más asistimos estupefactos a los ataques que desde el poder político se lanzan contra los jueces que están instruyendo causas de corrupción política que le afectan, el último de los cuales fue realizado este lunes nada más y nada menos que por el propio presidente del Gobierno. El objetivo buscado con estos ataques es condicionar la actuación judicial y, de paso, deslegitimar la Justicia frente a la ciudadanía. Una actuación inimaginable en otro país europeo, que causa sonrojo general y a la que, insisto, el CGPJ asiste con un silencio atronador.
AUNQUE EL TRIBUNAL Constitucional no forma parte del Poder Judicial, el cuadro que describo no estaría completo si no destacara que, a través del recurso de amparo, superado en sus contornos constitucionales, está revisando la aplicación de la legalidad ordinaria por parte de los tribunales en una última instancia, situándose por encima del Tribunal Supremo, anulando procesos de corrupción política tan graves como el de los ERE de Andalucía. La degradación es tal, que en algunos casos el poder político beneficiado por tales decisiones ha anticipado la resolución del Tribunal Constitucional, antes de ser notificada a las partes del proceso y de ser públicamente conocida.
A la vista de lo expuesto, necesitamos un profundo cambio de rumbo, una política judicial centrada en fortalecer al tercer poder del Estado, otorgando los medios precisos para que pueda desempeñar su función con plenitud, sin intromisiones políticas y respetando las decisiones de los jueces. Si se discrepa de sus resoluciones, se pueden articular los recursos establecidos en la ley para su revisión, pero no atacar a los jueces como se está haciendo. España tiene buenos jueces, formados, independientes y profesionales, absolutamente equiparables a otras judicaturas europeas. Déjennos trabajar en paz.
