OVIEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Así lo ha anunciado el sindicato ANPE Asturias, que califica la sentencia de "varapalo judicial" para la Administración autonómica y reclama a la Consejería que se abstenga de recurrir un fallo que considera "sólido en su contenido jurídico y profundamente lesivo para los derechos del personal docente interino".
La demanda fue presentada por el despacho ovetense García Alonso y Valdeón Abogados, en su condición de servicios jurídicos de ANPE, con la intervención de Lucía García Alonso y Alba Martínez Rubio, a instancia de varios docentes afectados. Estos profesionales se vieron relegados en las listas de interinos y en la elección de plazas como consecuencia de la inclusión de aspirantes que carecían de la titulación universitaria exigida.
El TSJA reconoce que las resoluciones impugnadas supusieron un trato desigual, injustificado y discriminatorio hacia los aspirantes que sí cumplían con los requisitos de titulación para impartir docencia. Según ANPE, los hechos revelan una "quiebra grave" del principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
La Consejería de Educación, con el apoyo del resto de sindicatos en la Mesa Sectorial -excepto ANPE-, publicó en agosto de 2024 cuatro resoluciones que permitieron la inclusión "a calzador" en los listados de interinos de varios profesores sin la titulación universitaria exigida. Todas ellas han quedado anuladas por el TSJA.
Las resoluciones anuladas son: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2024, de modificación del Acuerdo de Interinidad de 2014. Resolución de 6 de agosto de 2024, por la que se aprueba el procedimiento excepcional. Resolución de 16 de agosto de 2024, que aprueba el listado definitivo de admitidos y excluidos en el procedimiento excepcional. Resolución de 19 de agosto de 2024, de convocatoria de necesidades y adjudicación de plazas.
Como consecuencia de la sentencia, los afectados podrán reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios por haber tenido que optar a plazas peores o haber quedado sin contrato, en beneficio de docentes sin la titulación requerida. La sentencia impide de facto la contratación de este profesorado sin titulación universitaria, salvo que el Principado recurra en casación ante el Tribunal Supremo, lo que podría incrementar las indemnizaciones y llevar a ANPE a solicitar las costas por mala fe procesal.
ANPE reclama responsabilidades y subraya que "esta victoria judicial refuerza su compromiso con una educación pública de calidad, basada en la legalidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades".
