MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Los magistrados volverán a reunirse este jueves en la última sesión del Pleno monográfico que comenzó el pasado lunes. A lo largo de la semana, en una deliberación organizada por bloques temáticos, la mayoría progresista ha descartado presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ha determinado que la Constitución no prohíbe las leyes de amnistía y, finalmente, que la amnistía al 'procés' es válida.
Las sucesivas decisiones se han ido adoptando por una mayoría de seis magistrados progresistas frente a cuatro conservadores, misma aritmética con la que se espera que el TC dicte sentencia respaldando el núcleo duro de la amnistía al 'procés', dando únicamente la razón al PP en cuestiones menores.
Fuentes jurídicas aseguran a Europa Press que el fallo recogerá prácticamente la ponencia redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, calificó de "excelente" al inicio de las deliberaciones.
Como novedad a destacar, apuntan, la sentencia establecerá que la ley de amnistía no vulnera el derecho comunitario en materia antiterrorista y de órdenes europeas de detención y entrega (OEDEs), algo sobre lo que el borrador no se manifestaba.
A este respecto, las citadas fuentes explican que la ponente descartó responder a las críticas formuladas por los de Alberto Núñez Feijóo en este sentido, al considerar que no había suficiente carga alegatoria para ello. Sin embargo, magistrados del bloque progresista han defendido que se debe contestar a esta tacha de inconstitucionalidad incluida en el recurso 'popular' para desestimarla, a lo que Montalbán ha accedido.
UN TRIBUNAL FRACTURADO
Más allá de esta primera sentencia sobre la ley de amnistía, este Pleno deja un profundo malestar en el bloque conservador. Fuentes del sector minoritario denuncian que no se ha producido una verdadera deliberación, entendida como un intercambio de opiniones que conducen a una solución de común acuerdo, sino una sucesión de discursos aislados, "al estilo del debate político en el Parlamento". "Esto es un paripé", afirman.
En concreto, afean a Montalbán que se ha limitado a atender las sugerencias realizadas desde su propio bloque, que la minoría conservadora tacha de netamente "cosméticas", "algún verbo o adverbio".
En este contexto, se espera que la sentencia venga acompañada de un contundente voto particular firmado por los magistrados conservadores para dejar negro sobre blanco su disconformidad con el fallo.
El Constitucional ya llegó a estas deliberaciones con una honda división por bloques, reflejada en numerosas votaciones sobre distintos asuntos pero también en los relativos a la ley de amnistía que han precedido a este cónclave.
Destaca el enfado provocado por la decisión de apartar al magistrado conservador José María Macías, al aceptar la recusación lanzada por la Fiscalía por entender que estaba contaminado para fallar sobre la amnistía porque como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó sobre la ley en el marco del trámite parlamentario.
A ello se suman los acuerdos adoptados por Conde-Pumpido desoyendo las peticiones procedentes del sector minoritario. Las fuentes recuerdan que primero descartó frenar la sentencia de la amnistía por el TJUE y después se limitó a habilitar dos días más --aunque finalmente solo ha sido uno-- para este Pleno, cuando el magistrado conservador Enrique Arnaldo le pidió extender la deliberación a julio para dar tiempo a un debate "sosegado".
Desde el sector progresista, las fuentes lamentan las "tensiones" a las que se ha sometido al TC a cuenta de la ley de amnistía mediante lo que perciben como una serie de "maniobras dilatorias", en alusión a la ristra de recusaciones y peticiones de abstención contra varios magistrados, incluido Conde-Pumpido, y las solicitudes del PP, el Senado y los magistrados conservadores Concepción Espejel, César Tolosa y Arnaldo para frenar la sentencia a la espera del TJUE.
La única decisión pacífica en torno a la amnistía fue la del magistrado progresista Juan Carlos Campo de abstenerse de las deliberaciones sobre la ley porque en el informe que firmó como ministro de Justicia para indultar a los condenados por el 'procés' dijo que la amnistía era "claramente inconstitucional".
A LA ESPERA DE LOS RECURSOS DE AMPARO
La ponencia, de 191 páginas, legitima la amnistía argumentando que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente", rechazando de esta forma que la prohibición expresa de los indultos generales pueda extenderse por analogía a la amnistía, sobre la que la Carta Magna nada dice.
Respecto a la motivación de la amnistía, que el PP achaca a "una transacción política para asegurar la investidura" de Pedro Sánchez, Montalbán subraya que las leyes siempre responden a "criterios de oportunidad política", de modo que "su porqué es jurídicamente indiferente". Pese a ello, resuelve que esta ley no es un "capricho" porque busca "mayor paz ciudadana".
Solo da la razón al PP en tres cuestiones concretas: ve inconstitucional la "asimetría" para amnistiar a quienes apoyaron y se opusieron al 'procés'; que la ley incluya "una habilitación insólita" para continuar con las "actividades criminales en el futuro"; y que solo imponga escuchar a Fiscalía y a los organismos públicos perjudicados en las causas en el Tribunal de Cuentas para pedir su archivo.
Del borrador destaca igualmente que no habla del delito de malversación. Desde la sede de Domenico Scarlatti explican que no lo hace porque el PP no lo pidió y que, lo más probable, es que haya que esperar a los recursos de amparo de los líderes independentistas para que el TC se pronuncie sobre ello.
Este punto es fundamental porque la interpretación que hizo el Tribunal Supremo (TS) del delito de malversación y de la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE en el 'procés' es lo que ha impedido aplicar plenamente la amnistía a Puigdemont y Junqueras.
Así las cosas, en el TS aguardan con cierta tranquilidad la sentencia del TC porque sus magistrados han hecho depender sus decisiones de la interpretación jurídica de la ley de amnistía, no de su constitucionalidad. Por tanto, anticipan que se mantendrán las órdenes de detención contra Puigdemont y los ex consejeros catalanes Toni Comín y Lluís Puig, así como las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el 'procés', que llegan hasta 2031.
Cabe recordar que la sentencia de este jueves será la primera sobre la amnistía pero no la única. El Constitucional tiene pendientes más de una treintena de asuntos relativos a esta ley, que irá despejando a la vuelta del verano, ya que tras este primer fallo buscará un perfil bajo. Las fuentes calculan que el TC seguirá dictaminando sobre la norma hasta 2026.
